A fin de que los indígenas cuenten con ayuda técnica y legal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública y con ello garantizar su derecho a la defensa y asesoría jurídica, la Comisión de Justicia, que preside el diputado César Camacho Quiroz (PRI) aprobó el dictamen a la iniciativa que adiciona el artículo 20 BIS a la Ley Federal de Defensoría Pública.

El legislador mexiquense indicó que la ley vigente prevé el otorgamiento de asesoría jurídica para la defensa en asuntos de carácter penal, y la idea de la reforma es ampliar la asesoría a través de la traducción y asistencia en todas las materias, no sólo en la penal, para que los indígenas sepan qué está pasando y se les oriente sobre la pertinencia de tomar determinadas medidas que les favorezcan.

Dijo que se busca darle mayor cobertura al servicio de defensa pública para los indígenas, y evitar que se “recurra al pretexto de que, como las materias familiar, civil o mercantil no están incluidas, no se les presta el servicio”.

Añadió que, una vez aprobada por el Pleno de los diputados esta reforma, la institución de la defensa pública, adscrita al Poder Judicial de la Federación deberá brindar el servicio de traducción y de asesoría técnica a los indígenas involucrados en cuestiones de carácter, no sólo penal.

Durante una reunión de trabajo, se aprobó por unanimidad el dictamen que establece que para garantizar el derecho a la defensa en materia penal y a la asesoría jurídica a favor de indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en su lengua, el Instituto Federal de Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores e intérpretes que conozcan su dialecto y cultura.

Asimismo, se señala que celebrará convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá la formación de defensores públicos como de asesores jurídicos bilingües indígenas.

También se aprobó el exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a que informe el seguimiento que ha dado respecto a la solicitud de investigación sobre la red de pederastia y pornografía infantil, documentadas por la periodista Lydia Cacho.

Se señala que el 21 de diciembre de 2005, la Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo exhortando a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a investigar la red de pederastia y pornografía infantil, y actualmente no se ha recibido ninguna comunicación de la procuraduría.

Esta comisión dictaminadora considera fundamental cuidar la a la niñez mexicana, por lo que se ha reformado el Código Penal Federal y en materia de explotación sexual infantil y se ha impulsado la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, esfuerzos encaminados a la erradicación de los abusos sexuales a la infancia.

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