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Boletín N°. 1984 Hay 43 mil 373 jubilados de ferronales y no se tienen recursos para gastos de operación: Enrique Rivas

La Comisión de Trabajo y Previsión Social se reunió con el delegado especial fiduciario de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, Enrique Rivas Zivy, con el propósito de conocer el manejo de las demandas y sus resoluciones.

En ella, los legisladores externaron su preocupación de que las demandas no sean atendidas y le pidieron al fiduciario informes del proceso de venta de los inmuebles pertenecientes a ferrocarriles, así como transparencia del mismo.

Enrique Rivas Zivy, señaló que la liquidación es un proceso complejo, porque existen 43 mil 373 jubilados y hay 8 mil 291 millones de pesos disponibles para gastos de operación, honorarios y liquidaciones por 202 millones de pesos que se le dan mensualmente para los jubilados.

Agregó que se requiere de una aportación adicional de 13 mil 817 millones de pesos, dado que la insuficiencia de los fondos que actualmente existen llevan hacia 2011, es decir que existe cuatro años de recursos para pagar.

Precisó que de cada cien juicios laborales del ramo se ganan 87 y se resuelven 54 demandas mensualmente, por lo que es necesario gestionar ante las Secretarías de Comunicación y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, para obtener mayores recursos para el fideicomiso, ya que durante los ejercicios de 2004 a 2007 se pagaron 593.7 millones de pesos, con recursos de SHCP.

Dijo que las cantidades que son demandadas no coinciden con lo que tienen derecho, porque en muchos de los casos son exageradas, “sin embargo para nosotros es nuestro pasivo contingente y tenemos que atender cada una a pesar de que se incrementan cada mes, en lo que respecta a salarios y pensiones”.

Rivas Zivy expresó que el fideicomiso es un instrumento de control para el pago oportuno de los jubilados y tiene como principal ejecutivo al Comité Técnico.

Previamente, el órgano legislativo se reunió con la Alianza Sindical Mexicana, con el fin de conocer sus propuestas de posibles reformas a la Ley Federal del Trabajo, para ajustarla a los nuevos tiempos y con visión a futuro.

El presidente del órgano legislativo, diputado Tomás Del Toro del Villar (PAN) expresó que es necesario reformar la Ley, a fin de que México alcance posicionarse al nivel del resto del mundo, en lo que se refiere a capacitación, adiestramiento, tecnificación e inversión.

A su vez, los diputados Humberto Dávila Esquivel (Nueva Alianza) y Juan Manuel Sandoval Munguia (PAN) expresaron que se deben dar garantías al trabajador y a sus familias en las empresas, ya que es el momento de las grandes reformas del país, y en esas no se excluye la laboral.

Durante la presentación de la Alianza Sindical Mexicana, su presidente Ricardo Espinoza López, manifestó que la Ley debe ser reformada sin perjudicar los intereses de los trabajadores mexicanos, los derechos individuales y colectivos ya adquiridos, además de conservar las figuras jurídicas como derecho de asociación, libertad sindical, derechos de segregación y no segregación y autonomía sindical.

“Cuando nos referimos a que la ley sí se puede reformar lo hacemos no porque sea una mala, sino porque queremos que se perfeccione de acuerdo a las situaciones actuales que ya vivimos, se vuelva más justa, equitativa y dinámica como nuestra sociedad”.

Detalló que entre los temas que se pueden revisar, está la prima de antigüedad, regular el reparto de utilidades, volver efectivo el salario mínimo, buscar normas que permitan aplicar los términos para que los tribunales laborales los cumplan, abrir un capítulo especial y privilegiar la conciliación.

Espinoza López resaltó que se pueden diseñar reglas donde se acredite fehacientemente la democracia y la transparencia de los sindicatos, “pero de ninguna manera la violación a la autonomía y vida interna de los mismos”.

Subrayó que el líder sindical debe dedicarse al desempeño delcargo para el que fue electo: “A través de los años diversos dirigentes han utilizado estos cargos, así como las cuotas para llegar a estos puestos, práctica que no favorece los intereses de los trabajadores”.

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