Para elevar la competitividad y atraer la inversión extranjera es necesario eliminar la corrupción, principal obstáculo para el ingreso de capitales, coincidieron diputados de diferentes fracciones parlamentarias integrantes del Comité de Competitividad, que preside Mariano González Zarur (PRI).

Durante la mesa de trabajo “Reformas Legislativas para el Combate a la Corrupción”, el legislador por Tlaxcala reconoció que se deben redoblar los esfuerzos legislativos para abatir los índices de corrupción.

Aceptó que México está lejos de los niveles óptimos de transparencia, lo que hace necesario modificar y fortalecer el marco legal. En este sentido, dijo que el comité impulsará en las comisiones correspondientes el trámite de las iniciativas, minutas y proyectos derivados de estos trabajos, para plantearlos en el próximo periodo de sesiones.

Subrayó que esta Legislatura ha demostrado que puede alcanzar acuerdos en los grandes temas nacionales, como la reforma al ISSSTE, la Fiscal, el Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos y las disposiciones financieras, “el camino se empezó a andar y el año que entra será de mayor productividad”, enfatizó.

Señaló que el objetivo de estas mesas es conocer de voz de los especialistas los problemas que subsisten en educación, comercio, aduanas y tratados internacionales, relacionados con la competitividad.

A su vez, el diputado Carlos Augusto Bracho González (PAN) lamentó que México sea identificado como una nación con alta percepción de corrupción, a pesar de que en los últimos 10 años ha habido grandes avances para su combate, como la instalación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Ley Federal de Transparencia.

“Todos son elementos que nos han ayudado a ser más transparentes, pero tenemos que fortalecerlos para disminuir los índices de corrupción, tanto en el sector público como el privado, y lograr ser un destino atractivo para los capitales externos”.

Dijo que es imprescindible hacer mejores leyes o fortalecerlas para sancionar a quienes incurran en estos actos, pero sobre todo, proteger al denunciante, porque muchas veces hay el temor de represalias y eso inhibe la denuncia.

“Éste es un problema de educación desde la escuela y la casa en el que todos, desde nuestra trinchera, debemos contribuir para erradicarla y sí lo podemos hacer, pero necesitamos hacer conciencia de lo importante que es quitarnos este lastre”, enfatizó.

En su oportunidad, el diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla (PRD), secretario de este Comité, manifestó que los temas abordados en esta mesa de trabajo formarán parte de una serie de proyectos en diferentes materias, como educación, ciencia, tecnología, comercio y migración, entre otros para elevar la competitividad en el país.

Señaló que se requiere consolidar un Estado de Derecho, donde se respeten las leyes, las personas y sus bienes tengan seguridad y que no haya dobles parámetros para aplicarlas, porque esto desincentiva la inversión.

Al hacer uso de la palabra, Benjamín Hill Mayoral, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para Transparencia y el Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública,sostuvo que la corrupción es contraria a la competitividad, el crecimiento, el desarrollo y la equidad.

Por ello, indicó que erradicarla es uno de los grandes retos, pues no es un asunto aislado, sino que afecta a todos los países y a las empresas que quieren hacer negocios allende sus fronteras.

Consideró que ha habido grandes cambios políticos y sociales, la pluralidad de los congresos y la alternancia en el poder, y la sociedad está más informada y con más capacidad para organizarse. “Hay menos corrupción, necesariamente tuvo que disminuir, sin embargo, los ciudadanos no lo perciben”, subrayó.

Julián Alfonso Romero Olivas Ugalde, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que después de la Reforma Hacendaria es necesario ajustar la Ley de Fiscalización Superior, para establecer claramente las sanciones que se pueden aplicar y el marco jurídico de las auditorías de desempeño.

En su oportunidad Jorge Romero León, director ejecutivo de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, propuso reformar la estructura normativa de control interno, garantizar la profesionalización, mecanismos más claros en la ley e instrumentos para independizar las sanciones del órgano de control interno en cada ente público.

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