La Comisión Especial que investiga el ejercicio de la función pública de Vicente Fox Quesada, solicitó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, que informe sobre el uso y destino de 24 millones 150 mil pesos que formaron parte de un fideicomiso privado a nombre del ex mandatario y que constituyó parte del financiamiento a su entonces equipo de transición.

El presidente del órgano legislativo, Víctor Valencia de los Santos (PRI) indicó que del mismo modo se pidió al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, informe sobre el avance y alcance de la investigación solicitada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) sobre el uso y destino de los recursos que constituyeron el fideicomiso y si se sancionó a algún funcionario de Hacienda por negarse a entregar el contrato del mismo.

Además, dijo, la Comisión Especial le solicita al mismo funcionario que informe respecto al recurso de revisión 3104/07 y los resultados de las medidas instrumentadas por la Presidencia de la República tendientes a asegurar el debido resguardo y tratamiento de la información que formó parte del proceso de digitalización de los documentos durante el periodo gubernamental de Vicente Fox.

También, para que lleve a cabo las investigaciones necesarias en las instalaciones del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada A.C. a fin de determinar si en dicho inmueble se encuentra algún expediente de carácter oficial, reservado o confidencial de la Oficina de la Presidencia de la República.

En caso de llegarse a encontrar algún expediente, abundó el legislador, se actúe en consecuencia y se finquen las sanciones administrativas y penales correspondientes. Lo mismo solicitó al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora Icaza.

Este miércoles, la Comisión Especial se reunió con los ex diputados Jesús González Schmal y Sofía Castro Ríos, integrantes de la Comisión de Investigación a la empresa Construcciones Prácticas en la LIX Legislatura, de quienes recibieron dos expedientes que contienen las investigaciones realizadas durante su función, así como de la integración de la demanda judicial presentada en contra de los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún por conductas que pudieran ser constitutivas de delito en agravio y detrimento del patrimonio nacional y el erario.

En este marco, González Schmal subrayó que tras las indagaciones se determinó que la empresa Construcciones Prácticassí fue beneficiada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y protegida por otras instituciones federales, por lo que se procedió a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal.

Pese a ello, acusó junto con Sofía Castro, que el anterior titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, determinó el no ejercicio de la acción penal sin hacer la notificación correspondiente.

Ante ello, informaron que presentarán un amparo, además de que solicitaron a la Comisión que investiga la función pública del ex presidente Vicente Fox que continúe con las indagatorias y exhorte a la PGR a informar sobre la situación de la demanda penal presentada.

En la reunión, el diputado Juan Guerra (PRD) anunció que en breve, la Comisión Especial buscará reunirse con el procuradorEduardo Medina Mora para profundizar respecto a la denuncia penal presentada.

Por su parte, el diputado Juan de Dios Castro (PAN), quien acudió a la reunión con la notaria pública (194 del Distrito Federal) Beatriz Calatayod Izquierdo, cuestionó a González Schmal y a Castro Ríos respecto a qué pruebas presentaron ante las autoridades correspondientes para acreditar las acusaciones en contra de los hermanos Bribiesca y Vicente Fox.

Además, les preguntó si estaban convencidos de que los mencionados cometieron delitos y pidió a la notaria dar fe de los hechos. La respuesta de ambos ex legisladores fue que tras las investigaciones se concluyó que había los elementos suficientes para fincar responsabilidades.

Los diputados Juan Guerra, Alberto López Adame y Víctor Valencia cuestionaron la decisión del legislador de Acción Nacional para acudir con un notario público y lo acusaron de intentar obstruir las investigaciones, lo que fue rechazado por éste.

El diputado Juan Guerra propuso enviar un escrito a la Junta de Coordinación Política solicitando que investigue la actuación del legislador panista, en particular, por un posible conflicto de intereses y de así determinarlo, se le remueva de la Comisión Especial del caso Fox.

La propuesta fue votada al final de la reunión y se aprobó con cuatro votos a favor: Víctor Valencia (PRI), Juan de Dios Castro (PAN), Javier López Adame (PVEM) y Juan Guerra (PRD) y uno en contra: Edwviges Alcaraz (PAN).

Asimismo, los integrantes del órgano colegiado cuestionaron a los diputados del PAN respecto de la visita que, en calidad de legisladores federales, realizaron al rancho de Vicente Fox y sobre la entrevista que sostuvieron con la ex pareja presidencial.

Al respecto, Edwviges Alcaraz señaló que la intención fue saber de voz propia lo que hay detrás de todo lo que se dice. “Además, conocer el rancho y verificar lo que se habla de él. Saber hasta dónde están dispuestos para brindar toda la información con que cuenten”.

En lo personal, dijo, “encontré a una pareja sumamente integrada y dispuesta a llegar hasta el fondo de la investigación y se aclare. Dijeron que si al final existe evidencia de que alguno de ellos o sus familiares tienen responsabilidad, que se apliquen las sanciones correspondientes”.

Al término de la reunión se acordó también, a propuesta de la diputada Alcaraz, hacer públicas las reuniones de la Comisión con funcionarios, salvo cuando ellos soliciten lo contrario; y mantener la privacidad en las reuniones ordinarias de trabajo.

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