Las comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores tuvieron una reunión con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, LouiseArbour, quien afirmó que México tiene un rol de liderazgo en la escena internacional para la promoción y protección de las garantías individuales.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz (PRI), manifestó que ningún país democrático puede combatir a la delincuencia, sobre todo al crimen organizado, si ello entraña la violación de los derechos humanos.

Indicó que estos preceptos y la justicia no constituyen opciones o alternativas, sino tienen un vínculo indisoluble. Agregó: “Queremos seguridad jurídica pero también respeto a las libertades, a los movimientos y a los luchadores sociales”.

Más adelante, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Omeheira López Reyna (PAN), manifestó que estos principios son una parte integral de la cultura jurídica de todo Estado constitucional avanzado y es imposible para cualquier sociedad que aspire a mejores niveles de vida no reconocer su existencia.

Aseveró que a pesar de la situación cotidiana de violaciones a los derechos humanos se han logrado avances y la nueva política en ese rubro se sustenta en tres ejes: la armonización de las leyes nacionales, la cooperación internacional, el diálogo y cooperación con la sociedad civil.

Destacó que uno de los principales retos es la armonización de la legislación mexicana con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos, a fin de incorporar la visión y estándares que dichos instrumentos establecen.

Agregó que un principio que ningún régimen democrático puede desconocer es que no existen razones de Estado por encima de las razones de los ciudadanos. Dio a conocer que también se busca generar una cultura de respeto a los derechos desde la comisión que preside.

Más adelante, el diputado Alberto Esteva Salinas (Convergencia) aseguró que los derechos humanos son una burla del Estado mexicano y que la CNDH no tiene autonomía y está subordinada a los poderes del Estado.

Añadió que las comisiones estatales de derechos humanos son nombradas en su mayoría por los ejecutivos locales y solamente se construye una simulación para tratar de vincular a la sociedad civil.

“En México está montada una escenografía para la defensa de los derechos humanos pero que no aplica y las cuentas de los movimientos sociales se pagan en ejecuciones; en los últimos 30 días en Oaxaca ha habido casi 30 muertes, incluidos civiles vinculados a grupos policiales; hay impunidad y al gobierno estatal se le señala como principal operador de estas ejecuciones”.

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (PRD) dijo que se debe hacer una discusión a fondo para poner un plazo de 18 meses para que las fuerzas armadas se retiren del combate al narcotráfico y en ese tiempo institucionalizar a las policías encargadas de enfrentar este problema.

A su vez, la diputada Maricela Contreras Julián (PRD) afirmó que para algunos legisladores el tema de los derechos humanos representa un gran rezago. “Existen presos de conciencia en las cárceles y la criminalización del movimiento social, a los dirigentes de Atenco les han impuesto 60 años de cárcel”.

Asimismo, dijo que los legisladores deploran la participación del Ejército en el narcotráfico.

El diputado Marcos Matías Alonso (PRD) señaló quecontinúan situaciones de impunidad sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y exhortó a brindar una atención especial a este tema. “Usted visitará Guerrero y conocerá la militarización que ha sufrido el estado”.

En tanto, la diputada Valentina Batres Guadarrama (PRD) puntualizó que hay exceso de sanciones de hasta 60 años a los dirigentes sociales. Manifestó su duda de que la Ley en materia de justicia contribuya para castigar a la delincuencia organizada y termine siendo un instrumento de represión para la movilización social.

El diputado David Sánchez Camacho (PRD) afirmó que en el país continúa la violación a los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay y transgénero, por ello se han presentado diversas iniciativas relacionadas con el reconocimiento de los derechos de este núcleo social.

En su oportunidad, Luis Gustavo Parra Noriega (PAN) estableció que existe un avance importante en materia de derechos humanos de parte de las instituciones gubernamentales en conjunto con la sociedad.

Respaldó la acción necesaria del Ejército en el combate al narcotráfico y “aplaudimos eltrabajo que realiza y esta labor debe ser temporal y que en su momento asuman las policías locales, estatales y municipales su parte en este combate”.

Finalmente, el diputado Jorge González Betancourt (PAN) enfatizó que la decisión para combatir al crimen organizado es firme y valiente, porque la seguridad interior pudo haber estado en peligro, por lo que el Ejército actúa en derecho.

En tanto, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, señaló que México tiene un rol de liderazgo en la escena internacional dentro de lasinstituciones de las Naciones Unidas para la promoción y protección de estos principios.

Agregó que es necesario garantizar que realmente se pongan en práctica. “Este es el año en que celebramos el Sexagésimo Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Por lo que consideró que es momento para reflexionar sobre el hecho de que hemos desarrollado a nivel internacional un sistema excelente de principios, de normas, estándares, pero de manera colectiva y “estamos muy deficientes en la implantación de estos principios”.

Expresó que es un paso importante que los legisladores arraiguen la protección de los derechos humanos en la Constitución y legislación, “pero espero también que se haga en la práctica de las dependencias gubernamentales”.

Resaltó que los esfuerzos de México por reforzar el sistema de justicia criminal es también un paso importante. Abundó que este “sistema debe ser accesible, visible, transparente, creíble, pero no demasiado costoso, ni lento”.

Externó que su presencia en el país se debe a canalizar la renovación de nuestro acuerdo con el gobierno, que se firmó ayer para mantener la presencia de la Comisión en México. “Estamos dispuestos a ofrecer cualquier cooperación y apoyo a los grupos parlamentarios e instituciones de derechos humanos y a los actores de la sociedad civil”.

Planteó que el sistema internacional está preocupado ante la problemática de la migración y es importante garantizar una protección plena de los derechos humanos de este núcleo social.

Aseguró que el Presidente no ha compartido con ella, en las discusiones a nivel privado, ningún detalle a cerca del manejo de su agenda de seguridad.Agregó que ya ha hablado sobre el papel de la milicia en las labores de procuración de justicia y no hay más qué decir.

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