El diputado Felipe Díaz Garibay (PAN) presentará ante el Pleno una iniciativa para crear la Secretaría de Medios y de Opinión Pública, que defina un código ético del quehacer comunicativo, que obligue al Estado y a los medios a respetar irrestrictamente el derecho a una sana comunicación.

En la propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria, se indica que es necesario normar la comunicación social emitida por el Estado e implementar una política pública en esta materia.

Se indica que esta actividad gubernamental “no se reduce a la mercadotecnia, ni al control informativo ni a la compra de espaciosmediáticos, sino a explotar los recursos y medios con que cuenta el Estado, vigilados de manera especializada por la nueva secretaría”.

Se trata, puntualiza el documento, de crear una comunicación imparcial controlada en beneficio del país, no para el beneplácito de particulares, por medio de un ente centralizado de la administración pública”.

Además, afirma que no es asunto de dinero o control informativo, por lo que un organismo capaz de vigilar su ejercicio resulta indispensable.

Dicha secretaría atendería el sistema de comunicación en relación con las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales del país y profundizaría en la revisión de las disposiciones legales del derecho a la información y haría cabal el principio del Estado a contar con medios masivos representantes del interés público, así como impulsar el verdadero nacionalismo, la unidad nacional y el fortalecimiento del Estado y sus instituciones.

También promovería, vigilaría y conduciría la política de comunicación social del gobierno federal y su relación con los medios de información y participará en la formación de profesionales en esta materia.

En la exposición de motivos, el legislador considera urgente implementar una política de comunicación que integre, coordine, optimice y dé coherencia a la información generada por las diferentes instituciones estatales.

Señala que es necesario introducir mecanismos efectivos de comunicación para evitar confusiones y permitir que el Estado tenga la retroalimentación indispensable de la sociedad.

Además, menciona que el diseño e implantación de la comunicación gubernamental requiere de nuevos enfoques acordes a la realidad nacional, así como incorporar una perspectiva integrada de acciones del gobierno para garantizar el derecho a la información.

“Éste es un asunto de importancia estratégica para el país, pues la comunicación se ha convertido en una vertiente sustantiva de la política que se despliega desde el gobierno”.

Plantea reformar y adicionar el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para agregar a la Secretaría de Medios y Opinión Pública; además, derogar las fracciones del artículo 27 referentes a los asuntos cuyo despacho correspondea la Secretaría de Gobernación; y adicionar el artículo 42 Bis que establece los asuntos que corresponderían a la nueva dependencia.

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