El administrador general de Aduanas, Juan José Bravo Moisés, adelantó a diputados de la Comisión para Investigar a los Organismos Descentralizados y las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tienen en las finanzas el apoyo del Derecho de Trámite Aduanero, que en el corto tiempo se darán a conocer nombres de gente importante relacionada con el contrabando y el tráfico ilegal de armas y drogas.

Cuestionado por los legisladores Claudia Cruz y Juan Guerra, del PRD, Lorena Martínez (PRI) y Javier López Adame (PVEM), el funcionario destacó que como parte del fortalecimiento de los operativos de las aduanas, se elaboró un plan conjunto con Estados Unidos para el intercambio de información a fin de detectar operaciones fraudulentas y llevar a cabo “operativos específicos”.

En este sentido, dijo que existe personal que trabaja de forma permanente en ambos lados de la frontera, mismo que realiza tareas de investigación y cuyos primeros resultados se reflejan en la detección y detención de contrabandistas, así como en el encarcelamiento de agentes aduaneros de Estados Unidos.

“Por primera vez y a principios de año se han metido a la cárcel a agentes aduaneros que realizaban prácticas de contrabando en aquel país y ya vamos por los que operan en México. Estamos fortaleciendo los elementos y ustedes van a ver, en un corto plazo, que también habrá nombres importantes de gente que hace este tipo de cosas”, reveló a los legisladores.

Abundó que se está reforzando la administración de riesgo, por lo se ha creado un área específica para análisis de información a fin de identificar conmayor rapidez las operaciones de triangulación, “como las que realizaba Shenli Ye Gon y que utilizan otros contrabandistas”.

Juan José Bravo Moisés reconoció que tanto la infraestructura, como los sistemas operacionales de las aduanas son obsoletos, lo que permite el tránsito de mercancías ilegales, además del tráfico de drogas y armamento cuyo destino final es el crimen organizado.

Mencionó que la Administración General de Aduanas también trabaja en coordinación con autoridades de seguridad nacional, particularmente en el intercambio de información y operativos.

Dentro de éstos operativos, indicó, está la revisión a posteriori, es decir, cuando ya pasó la mercancía, lo que ha permitido golpear a los contrabandistas.

Resaltó que es fundamental modernizar la estructura y sistemas aduaneros y para ello se requiere una inversión de 13 mil millones de pesos. “Nuestros sistemas ya están obsoletos, los estamos modificando completamente y vamos a hacer una reingeniería de procesos de la aduana, vamos a hacerlos más eficientes y a menos costo”.

Agregó que como parte de la modernización se robustecerá la seguridad interna. “Vamos a confinar nuestras aduanas, anteriormente estaban muy abiertas y eso llevaba a que nuestro personal se expusiera a amenazas y a otro tipo de situaciones, pero estamos en vías de evitarlo”.

Anunció que se implementará nueva tecnología para la revisión de los cargamentos en carreteras y aeropuertos. “Se hará una selección de blancos mucho más precisa”.

Concluyó que por desgracia nadie ha inventado algo que sea totalmente infalible para detectar drogas y contrabando, “ojalá alguien lo invente porque nos resolvería muchos problemas, pero hoy tenemos que seguir buscando mejores métodos”.

Cuestionado por los diputados Juan Guerra y Claudia Cruz en torno al caso de Shenli Ye Gon, en cuanto al número de operaciones realizadas por éste en la importación de efedrina mediante permisos legales, Bravo Moisés hizo el señalamiento de que entregaría por escrito las respuestas.

Previo a ello, el administrador general de Aduanas informó a los diputados sobre el caso ISOSA, del que dijo, no hay motivo de investigación porque no operó, hasta su liquidación en noviembre de 2006, con recursos públicos sino privados, lo cual incluso fue avalado por la Suprema Corte de Justicia en su resolutivo a una controversia en contra de la Auditoría Superior de la Federación.

Los diputados de Acción Nacional, Obdulio Ávila Mayo y Ricardo Rodríguez, concluyeron que ante esta determinación, la comisión investigadora carecía de materia de indagación, por lo que plantearon la necesidad de reformular la política de fiscalización.

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