Representantes de 23 entidades de fiscalización superior locales se reunieron con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para plantear a los diputados que la nueva fórmula de fiscalización de los recursos federales que se aplican en estados y municipios ha impactado a las entidades de fiscalización, por lo que pidieron una reconsideración.

En la reunión, en la que participó el Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la citada comisión, dijo que buscarán de qué manera se evitará dañar la labor de esas entidades, a través de un procedimiento para resarcir el impacto de la nueva fórmula. “Estamos estudiando el caso, estamos haciendo contactos con otras autoridades para definir una respuesta concreta”.

Dejó en claro que la aplicación del Presupuesto es ineludible y no hay manera de modificarlo, peroque se reunirán con el titular de la SHCP y plantearán este asunto para que considere la posibilidad de hacer un manejo de excepción.

Manifestó que este encuentro se da en el marco de una filosofía que esta legislatura ha planteado y va a defender: “que las decisiones que se tomen en la Cámara de Diputados no son hechas a la carrera, en las rodillas, ni mucho menos unipersonales que no toman en cuenta la opinión de la partes involucradas”.

Planteó la disposición de los diputados de instalar una mesa permanente de diálogo para avanzar conjuntamente en una serie de iniciativas y de propuestas.

Afirmó que para la Comisión de Vigilancia la existencia de los órganos estatales es una prioridad. “No les quede duda, no hay ningún intento tanto por disminuir su presencia ni por debilitar su acción, por el contrario, vamos a convocar a las comisiones de vigilancia de todos los congresos locales para discutir el problema de la autonomía presupuestaria de los órganos”.

En tanto, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, mencionó que los órganos de fiscalización han expresado su gran preocupación por la reducción del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado y los efectos que tiene para ellos el hecho de ya no contar con estos recursos para este año.

Añadió que en reunión del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (Asofis) se comentó que la base de la decisión de los legisladores fue que no quedaron satisfechos con el contenido y resultado de los informes presentados por los órganos de fiscalización y esto hizo que aprobaran en el Presupuesto,que el 70 por ciento del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado seejerciera vía directa por la Auditoría Superior de la Federación, destinando 10 por ciento de ello a la capacitación en todos los órganos de fiscalización.

Indicó que será necesario esperar a conocer los resultados de los informes que los órganos locales rindan y entreguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se van a incorporar al informe que esta instancia rendirá a la Comisión de Vigilancia a finales del mes próximo.

“De ahí va a depender mucho esa reconsideración de los apoyos para el año próximo, para el presupuesto de 2009, pero mientras tanto yo he conversado con el presidente de la Comisión de Vigilancia y me ha externado su preocupación de cómo podría hacerse menos difícil el camino, por los efectos que ustedes están enfrentando”.

El diputado Gerardo Sosa Castelán (PRI) anunció que en los próximos días elaborarán un programa para entrar en contacto con los representantes de las entidades de fiscalización locales. “No debemos vernos como enemigos sino como parte de la responsabilidad de crear una nueva cultura de transparencia de recursos”, dijo

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández (PAN) consideró que es lamentable que los gobiernos estatales no sean congruentes con sus discursos de transparencia y rendición de cuentas, ya que no destinan recursos suficientes a sus órganos fiscalizadores.

Añadió que esta legislatura y los órganos de fiscalización debe ser reconocida por la voluntad de coadyuvar a la consolidación de gobiernos eficaces en el ejercicio de la correcta aplicación de los recursos de la sociedad.

Estuvieron los representantes de las entidades de fiscalización superior de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Puebla, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tabasco.

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