El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, a que fortalezcan las acciones y medidas necesarias para la prevención de delitos en contra de periodistas.

El dictamen de la Comisión de Seguridad Pública pide un informe de las acciones emprendidas por las dependencias federales. Reconoce los esfuerzos realizados en los ámbitos local y federal para acabar con los asesinatos, pero detalla que han seguido presentándose homicidios y agresiones en contra de los periodistas.

Indica que el ejercicio pleno de algunas profesiones y actividades como la abogacía, periodismo y desempeño de algunos cargos públicos, requieren de un marco jurídico adecuado, así como acciones y medidas específicas por parte de las autoridades competentes en materia de procuración de justicia y seguridad pública.

Al respecto, el diputado Gerardo Priego Tapia (PAN) dijo que las dos principales fuentes de inseguridad de los periodistas son la delincuencia organizada y los malos gobiernos.

Agregó que el que maten en la calle, violen, secuestren y desaparezcan a los periodistas no sólo es importante por la seguridad de un periodista y de cualquier otro ciudadano, sino que se deja sin informar a la sociedad.

Del PT, Pablo Arreola Ortega expresó que los periodistas en los últimos años han visto que sus condiciones de trabajo son más difíciles, al grado de que la ONU ha dado cuenta de homicidios, ataques, torturas, amenazas y de todos aquellos delitos que se comenten contra los comunicadores. “Las denuncias de los periodistas por atentados en su contra se ha multiplicado y el número de fallecidos en cumplimiento de su deber se ha incrementado”.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (PRD) dijo que las agresiones contra periodistas enMéxico no cesan, debido a que la Procuraduría General de la República, no está haciendo nada por disminuir las cifras. El país ocupa el segundo lugar a nivel mundial por estas agresiones y primero en Latinoamérica, advirtió.

Áreas de desarrollo infantil en cárceles

También se avaló un dictamen por el que se exhorta a los gobernadores de los estados, al jefe de gobierno del Distrito Federal, a las autoridades en materia de seguridad pública y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y desarrollo integral de los menores de edad que se encuentren conviviendo con sus madres en alguna unidad o centro de readaptación social, así como programar la construcción o adaptación de espacios para la convivencia de desarrollo infantil.

El punto pide al titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Consejo Nacional de Población, incluyan dentro de sus censos información relativa a los niños y niñas que viven temporalmente dentro de los centros de readaptación.

Derechos de infantes que trabajan

Debido a que en México existen 3.2 millones de menores de edad que trabajan, principalmente en la agricultura, las calles, el servicio doméstico y en talleres, fue aprobado un dictamen por el que manifiesta el compromiso a favor de los derechos de los niños y niñas y pide reforzar acciones para contrarrestar los malos tratos, la violencia física y psicológica, los abusos verbales y sexuales en contra de estos menores.

Convoca a los poderes de la Unión, a los distintos órdenes de gobierno, a la sociedad civil y a todos los actores involucrados a continuar trabajando bajo los lineamientos de la Convención para los Derechos del Niños de 1989.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, una cuarta parte de la población infantil que realiza alguna clase de trabajo, sea económico o doméstico, no asiste a la escuela y la mayoría de los más de 300 millones de niños y adolescente trabajadores en el mundo padecen violencia laboral.

Integración de personas con discapacidad al sector público

Asimismo, fue avalado un dictamen por el que se exhorta al gobierno federal y a las entidades federativas a que realicen las acciones necesarias a efecto de promover el acceso e integración laboral en el sector público a las personas con discapacidad en un 2 por ciento de su planilla, considerando sus habilidades y preparación.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables pide se promueva una cultura de no discriminación laboral en el sector público por motivos de discapacidad, principalmente en lo relacionado a las condiciones de selección, contratación, continuidad en el empleo, promoción profesional y condiciones de trabajo seguras.

Al hablar en contra, la diputada María del Carmen Pinete Vargas (PRI) dijo que el dictamen no tiene argumentos que justifiquen el exhorto a un solo estado, ello debido a que la propuesta original era pedírselo al gobernador de Veracruz.

La diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes(PAN), al tomar la palabra a favor, expuso que la propuesta no tiene tintes políticos, ya que sólo busca ayudar.Propuso reformar los acuerdos para que sea el gobierno federal y las entidades las encargadas de ello, y no únicamente el de Veracruz, mismo que fue aprobado con 198 votos.

Protección de madres adolescentes

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se aprobó un dictamen por el que se solicita al gobierno de Jalisco realice las acciones correspondientes a fin de crear una Comisión estatal para la protección y ayuda de las madres adolescentes, que aglutine y coordine los diferentes programas y acciones en la materia.

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