La Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio y fijó posicionamientos con relación al segundo aniversario de los hechos ocurridos en la Mina de Carbón Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila, donde fallecieron 65 mineros.

En tribuna diputados de distintas fracciones parlamentarias pidieron al gobierno federal continuar con las investigaciones, rescatar los cuerpos, sancionar a los responsables, y satisfacer la exigencia de los deudos.

Al fijar su postura, el diputado Juan Manuel Sandoval Munguía (PAN) dijo que a dos años no se ha podido conocer ni las causas ni los responsables, y que a pesar de los esfuerzos no se ha satisfecho la exigencia de los deudos de los mineros fallecidos.

Expresó su conformidad para que los trabajos de rescate de los cuerpos continúen, en tanto no se ponga en riesgo la integridad física de quienes en él puedan participar.

José Antonio Almazán González, diputado del PRD, expuso que la justicia no ha llegado para castigar a los actores intelectuales y materiales de esta tragedia. Agregó que es responsabilidad del Estado y sus instituciones recoger y dar cauce a la demanda social contra este “homicidio industrial”.

Detalló que es fundamental que la Cámara de Diputados se pronuncie a favor de que se realice el mayor esfuerzo para lograr el rescate de los cuerpos y que una comisión legislativa acompañe a los familiares a la Secretaría de Gobernación.

El diputado Yerico Abramo Masso (PRI) señaló que la tragedia de Pasta de Conchos se suma a la historia de eventos que han demostrado la fragilidad de la seguridad en quienes laboran en el subsuelo. “A dos años continuamos luchando porque se haga justicia y siguen las demandas para recuperar los cuerpos”.

Dijo que su fracción presentará una iniciativa que reforma la actual Ley Minera con el objetivo de hacer más rigurosos los procedimientos de emergencia, de protección civil, las medidas de seguridad e higiene, establecer sanciones más fuertes y brindar mayor regulación y vigilancia de la actividad.

Por Convergencia, Elías Cárdenas Márquez indicó que “los cadáveres de los mineros son una carga contundente a la falta de conciencia de un gobierno clasista con menosprecio a las garantías de los afectado”. Abundó que su fracción apoyará las reformas a la Ley Minera.

Manifestó que el trabajo en las minas ha sido cruz y calvario para miles de mexicanos, y que los mineros constituyen una fuerza en las grandes conquistas revolucionarias. Propuso que en el lugar de los hechos se construya un mausoleo que le recuerde a los mexicanos que ahí hay una deuda pendiente.

Más adelante, el diputado Sergio Augusto López Ramírez (PVEM) cuestionó la inhabilitación que hizo la Secretaría de la Función Pública, a cuatro funcionarios del Trabajo y Previsión Social por haber tenido responsabilidad por la explosión.

Dijo que en las minas han muerto mil 600 personas, de ahí que se demanden reformas legales y que las dependencias federales cumplan con la función de supervisión y apliquen las sanciones.

Del PT, el legislador Pablo Arreola Ortega indicó que la falta de seguridad desembocó en el accidente en el que 65 mineros fallecieron. Puntualizó que es indispensable que la STPS y la Procuraduría General de la República, investiguen a efecto de instaurar juicios penales.

A su vez, Humberto Dávila Esquivel (Nueva Alianza) expresó que la vida de 65 mineros se perdió debido a la negligencia de quienes tienen la obligación de otorgar seguridad a los trabajadores. Agregó que se continúa exigiendo justicia, porque no se puede permitir que la tragedia quede en el olvido.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (Alternativa) expuso que a dos años de la tragedia, tanto la empresacomo los gobiernos local y federal no han cumplido los compromisos con las familias de los obreros que perecieron, sino que imponen el cierre definitivo de la mina y así abandonar los cuerpos que permanecen bajo los escombros.

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