La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, aseguró que el Congreso es un espacio donde cohabita la pluralidad de pensamiento y la capacidad de respetar otro tipo de ideologías, a fin de construir acuerdos que ayuden a resolver la problemática que enfrenta la nación.

Durante la conferencia magistral sobre el sector energético, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, realizada en San Lázaro, la legisladora señaló que la reforma para este rubro tiene que debatirse con argumentos bien fundamentados; “independientemente de la posición de cada quien, la racionalidad debe prevalecer por encima de las descalificaciones”.

En su conferencia, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas destacó la urgencia por entablar un diálogo entre las diferentes partes interesadas y consideró la posibilidad de crear una nueva política en materia de energía y, en particular, en el sector petrolero.

“Ante la ausencia de propuestas y precisiones se está corriendo el riesgo de viciar de antemano, a priori, un debate que es necesario pero respecto al cual, por polarizarlo, se está perdiendo la objetividad”, enfatizó.

Dijo que la nueva política petrolera debe contar con objetivos básicos, como son: devolver a dicha industria, particularmente a PEMEX, el papel de motor del crecimiento económico del país y de la industrialización.

Igualmente, hacer de PEMEX un ente productivo con alcances globales; es decir, aprovechar su gran dimensión, comparable con la de grandes petroleras en el mundo, para posicionarse a nivel internacional y a través de esa presencia en el exterior servir al beneficio y progreso de México.

Cárdenas Solórzano precisó que entre las prioridades de una nueva política petrolera se encuentra darle autonomía de gestión a PEMEX, “esto es, no considerarlo dentro del PEF, ni sujetarlo a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y de la Ley de Adquisiciones que rigen a las dependencias federales; se requieren cambios en estos ordenamientos”.

Si efectivamente se concede esta autonomía, continuó, el Estado deberá asumir como suya la deuda pública impuesta a Petróleos Mexicanos, en el esquema de deuda diferida o de doble contabilidad, que se ha llamado usualmente Pidiregas.

Agregó que el petróleo no está sujeto a las restricciones que impone el Tratado de Libre Comercio (TLC), “por lo que es posible que PEMEX actúe con toda libertad en las actividades que le son exclusivas y se dé prioridad en aquellas que son complementarias”.

Argumentó que otra prioridad sería que PEMEX tuviera recursos para invertir, atender sus necesidades y su expansión, con el objetivo de ir disminuyendo gradualmente la exportación de crudo para transformarlo industrialmente en nuestro país, principalmente en refinados y petroquímicos.

Añadió que se debería modificar el órgano de gobierno de PEMEX, crear un Consejo de Administración profesional, con capacidad de decisión, responsable de rendirle cuentas al Ejecutivo y al Legislativo.

Cárdenas Solórzano enfatizó que no se requiere ninguna reforma constitucional: “a PEMEX corresponden de manera única la exploración, la explotación primaria de los hidrocarburos, transporte y refinación, por lo que sería muy grave perder la exclusividad del Estado en las actividades que hoy se le reservan a esta institución”.

Al hablar sobre el tema de abrir la refinación a intereses privados, el ingeniero lo consideró un total error: “debido a que los inversionistas buscarían adquirir de Petróleos Mexicanos el crudo, es decir, la materia más rentable, la más fácil de refinar, que tiene menores costos de sus procesos”.

Ante ello, estableció, si se concesionaran, como se ha mencionado, las terminales, la refinación, estaría el Estado entregando un mercado de petrolíferos de 75 mil millones de dólares.

Cárdenas Solórzano explicó que se debería proseguir la reforma que se ha hecho a las disposiciones fiscales para ir liberando fondos a PEMEX, como se ha realizado en los últimos dos años. “De modo que cuente con más capacidad para invertir en sus necesidades, hasta llegar a darle el tratamiento fiscal que tiene cualquier otra empresa productiva del país”.

El año pasado, dijo, PEMEX pagó 643 mil millones de pesos por impuestos, derechos y aprovechamientos que corresponden al 54 por ciento de sus ingresos. Considerando en este caso el pago de derecho ordinario de 74 por ciento por la venta de crudo, simplemente descontando el costo de producción.

“Si a Petróleos por la venta de crudo le hubieran dado el tratamiento fiscal que se da a otras subsidiarias del propio instituto, es decir, aplicar una tasa sólo del 30 por ciento y no del 74, entonces pudo haber dispuesto de unos 356 mil millones más para invertir en expansión u otros rubros”, reveló.

Indicó que en los últimos tres años los presupuestos federales han considerado el precio determinado del crudo muy por abajo del precio real, lo que ha significado recursos adicionales de entre 10 mil y hasta 18 mil millones de dólares. “Si éstos se hubieran designado a PEMEX muchas de sus necesidades podrían haberse satisfecho”.

A su vez, Cárdenas Solórzano analizó el superávit primario con el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) condiciona a Petróleos Mexicanos y que ponderó de irracional.

“La SHCP debería descongelar los 322 mil millones de pesos que actualmente tiene detenidos y si esa política se mantiene sin variación y no se descongelan dichos recursos, al final de este año habría retenido 451 mi millones de pesos”.

Finalmente, hizo un llamado a los legisladores a presentar iniciativas que ayuden a revertir la actual situación de PEMEX y pidió “se concrete un debate abierto con las posiciones puestas por encima de la mesa, que permitirá determinar cuál es la mejor política petrolera para el país”.

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