El Pleno de la Cámara de Diputados se pronunció en favor de que se realice el mayor esfuerzo para lograr el rescate de los cuerpos de los trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos, en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila.

De igual forma, avaló la conformación de una comisión de tres diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI para que acompañen a los familiares de las víctimas a la Secretaría de Gobernación y sean recibidos por su titular, Juan Camilo Mouriño con la finalidad de que sean escuchadas sus peticiones.

La propuesta fue presentada por la Junta de Coordinación Política y estuvo respaldada por las firmas de los coordinadores Javier González Garza, del PRD; Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Gloria Lavara Mejía, del PVEM; Alejandro Chanona Burguete (Convergencia); Ricardo Cantú Garza (PT); Miguel Ángel Jiménez Godínez (Nueva Alianza) y Aída Marina Arvizu Rivas, del PASC.

Iniciativa de reforma a la Ley Minera

Asimismo, durante la sesión fue turnada a las comisiones de Economía, Medio Ambiente y Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión de Energía, una iniciativa de reforma a la Ley Minera, presentada por el diputado Jericó Abramo Masso (PRI) y suscrita por legisladores de diversos partidos.

En tribuna, el legislador destacó que la modificación parte de un compromiso de la Comisión Especial para Conocer el Origen y Responsabilidades de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos, a fin de llevar a cabo las acciones que se definieron y que fueron aprobadas por la propia Cámara de Diputados como parte del informe final, bajo la premisa de la seguridad e higiene en las minas, tomando en cuenta los antecedentes de las tragedias ocurridas en nuestro país.

Indicó que esta reforma hace de la seguridad e higiene en minas la parte principal de su objetivo. Establece la obligación de los operadores de una mina subterránea de carbón a tener un programa de emergencia, que asegure el desalojo de todo el personal en peligro, y el mantenimiento de un equipo individual subterráneo en caso de que no pudiesen desalojar la mina.

Dijo que este programa deberá ser aprobado por la Secretaría del Trabajo, quien escuchará a los trabajadores y a sus representantes.

Abramo Masso indicó que la reforma exige a las empresas mineras a tener y actualizar un programa específico de respuesta a una emergencia por cada mina que se explota, y exige que se cuente con dos equipos de rescate situados, máxime, a una hora de distancia.

También, añadió, al uso de equipo y tecnología que actualmente se encuentran disponibles en el mercado. Establece la responsabilidad legal de los rescatistas y empresa que los emplea. Requiere que cada programa o plan de emergencias sean revisados, actualizados y certificados por la Agencia de Seguridad e Higiene en Minas (MSHA, por sus siglas en inglés).

Destacó el diputado que mediante la reforma se instruye al Secretario del Trabajo a exigir un equipo inalámbrico de 2-vías (2-way) de comunicación y un sistema de seguimiento electrónico que localiza a los mineros atrapados desde la superficie. Establece un programa de uso de tecnología no clasificada, que sería aplicada a la seguridad en las minas.

“Exige a los operadores de una mina a dar aviso en 15 minutos máximo de un accidente o incidente que suponen un riesgo de muerte, y fija una multa a los responsables de una mina, que va desde 5 mil a 60 mil dólares a quienes no lo hagan”, abundó.

Afirmó que se contempla aumentar las sanciones civiles y penales para quienes violen las normas federales de seguridad en minas y entre otras está aplicar multas que van desde 250 mil a 2.2 millones de dólares, además de que faculta a MSHA a cerrar temporalmente una mina que se niega a acatar las sanciones y multas.

La Ley obligaría a establecer una nueva oficina del Instituto Nacional para la Seguridad e Higiene, dedicado a mejorar la seguridad en minas. “Por último, establece becas y programas de formación dedicadas a la seguridad en minas”.

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