Con 202 votos a favor, 171 en contra y 10 abstencionesla Cámara de Diputados avaló un acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Hacienda y de Economía, así como del Sistema de Administración Tributaria, tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados.

En la discusión, los diputados Víctor Valencia de los Santos (PRI) y Javier Estrada González (PVEM), dijeronque la importación de autos usados en la zona fronteriza no afecta a la industria automotriz nacional porque su mercado no son personas con escasos recursos.

Valencia de los Santos afirmó que las disposiciones sólo incrementan los impuestos más de 270 por ciento, lo que impactaría a los que menos tienen.

Agregó que “estamos conscientes de que es necesario reglamentar la importación, sobre todoen lo referente al control de contaminantes pero debemos hacer conciencia en que estos vehículos son una herramienta de trabajo de miles de familias que no tienen para comprar un auto nuevo”, ellos son los más afectados.

A su vez, el diputado Javier Bolaños Aguilar (PAN) afirmó que sólo se podrán introducir al país aquellos autos con 10 años de uso con la firme intención de no seguir chatarrizando el parque vehicular de México”, dijo.

Agregó que no podrán entrar al país aquellos vehículos que por sus características o por cuestiones técnicas estén restringidos para su circulación en su nación de origen y que se establece la obligación de cumplir con normas ambientales de México con la verificación en los puntos de control de la frontera.

En apoyo a lo anterior, el diputado José Luis Espinosa Piña (PAN) dijo que se requiere regular la entrada de estos automotores porque son la principal fuente de emisión de gases que provocan el efecto invernadero.

Añadió que también es indispensable pensar en la planta productiva nacional y en los cientos de miles de empleados que trabajan en la industria automotriz que son afectados directamente por la chatarrización.

En tanto, el diputado César Horacio Duarte Jáquez (PRI) expresó que el decreto que entrará en marzo, sólo alienta el incremento de impuestos y limita la posibilidad de controlar la importación legal de autos usados.

“Si no se revoca lo único que va a suceder es provocar la importación irregular porque son una alternativa para ciudadanos que han sido expulsados de los estados más pobres del país”, añadió el legislador.

Por su parte, Carlos Ernesto Navarro López (PRD) aseguró que el ingreso irregular de vehículos se debe a la red de corrupción en las aduanas: “los autos chatarra no entran pagando cincuenta o cien dólares de mordida”.

Dijo que “no se va a evitar que entren vehículos que no están en condiciones de circular con este decreto. Agregó que modelos de 1996 en perfectas condiciones resuelven el traslado de una familia que no puede conseguir otros que están a precios estratosféricos”.

Mientras tanto, el diputado Rodolfo Solís Parga (PT) dijo que la industria automotrizenfrenta desde hace varios años problemas de competitividad por los altos costos de producción que sostienen en relación a otros países.

Añadió que somos la única nación donde se aplican impuestosa la compra de autos nuevos. “Tenemos por uso y tenencia, así que la problemática no es la compra de autos usados, está completamente diferenciado”, puntualizó.

Vales en Tabasco

En otro asunto, también se aprobó un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal instruya a que se realice y corrija, en su caso, el censo estatal de viviendas afectadas para la aplicación del programa de vales hasta por 10 mil pesos, canjeables por muebles y enseres domésticos a familias que perdieron su patrimonio durante las inundaciones en Tabasco.

La diputada Mónica Fernández Balboa (PRD) dijo que la participación del gobierno federal, la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno del estado, en el citado programa, “ha ocasionado una falta de coordinación y que no se esté atendiendo a las familias que han sido las más afectadas”.

Por su parte, el diputado Juan José Rodríguez Prats (PAN), apoyó el punto de acuerdo, “para que conforme a los censos se pueda considerar a quienes efectivamente fueron dañados”.

En tanto, el diputado Pedro Landero López (PRD), señaló que no se puede permitir que los programas sociales se manejen de manera personal.

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