Con la supresión del párrafo décimo primero del artículo 16, relativo a la posibilidad de que las policías puedan ingresar a un domicilio sin la orden de un juez, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 462 votos en pro, 6 en contra y 2 abstenciones, la minuta del Senado por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política en materia de justicia.

Las modificaciones avaladas por los diputados por mayoría calificada fueron a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política.

Al respecto, la diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo un reconocimiento a los legisladores que impulsaron esta importante reforma y se congratuló por la sensibilidad que prevaleció en la discusión para llegar a los acuerdos y “que van a beneficiar a mejorar nuestro sistema de seguridad pública y procuración de justicia”.

En el turno de los dictámenes a discusión, previo a la votación de la minuta, el diputado del PAN, Felipe Borrego Estrada, presentó una propuesta suscrita por legisladores de su grupo parlamentario, así como del PRI, PVEM y Nueva Alianza, para modificar el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y la de Justicia, para eliminar en su totalidad el onceavo párrafo del artículo 16 constitucional.

Dicho párrafo establecía textualmente que: “La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente”.

En tribuna, el legislador indicó que hay el convencimiento de que lo suprimido es una figura importante para el Estado, sin embargo añadió, ésta ya existe en la jurisprudencia 2107 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se permite y autoriza.

Borrego Estrada mencionó que la propuesta de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza es no elevarla, en estos momentos, a rango constitucional, por lo que es conveniente suprimirla.

“Con esto, y escuchando voces de la academia, de investigadores y sectores de la sociedad, respondemos a un mandato democrático, queremos actuar con prudencia política. Otra razón es que ha habido desinformación sobre el tema”, subrayó.

Más adelante, el diputado fundamentó el dictamen y destacó que la reforma en materia judicial es integral y equilibrada en sus objetivos y pretensiones, además de que permitirá a las instituciones encargadas de investigar, procurar y administrar justicia, ser más eficientes en su encargo.

El dictamen de la minuta refiere que la reforma constitucional al sistema de justicia penal es en el sentido de implantar un sistema garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado.

Lo anterior, añade, a partir de la presunción de inocencia para este último, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad, a fin de garantizar procedimientos penales más ágiles y sencillos.

Todo ello respetando los fundamentales principios y características de los sistemas acusatorios, y adaptado al mismo tiempo a las necesidades inminentes de nuestro país de combatir eficientemente los altos índices de delincuencia.

En cuanto a delincuencia organizada, señala el dictamen, dada la complejidad del tema por el daño que causa a la sociedad, se autoriza decretar arraigo a una persona por parte del juez de control y a solicitud del ministerio público, siempre y cuando sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos; asimismo, cuando haya riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

Posicionamientos

Al hacer uso de la palabra para fijar posicionamientos, el diputado Carlos Alberto Navarro Sugich (PAN) destacó que la Reforma a la Carta Magna tiene varios ejes rectores, pero fundamentalmente se afana en procurar el equilibrio entre garantías individuales, derechos humanos, seguridad pública y justicia penal.

Enfatizó que al hablar de miles de presos sin sentencia y decenas más enjuiciados por delitos menores, sólo se revela un sistema penal que lejos de cumplir con el propósito de proteger, promueve la inseguridad, lo que se traduce en un verdadero problema de Estado.

PRD

El diputado Javier González Garza destacó que al eliminar el párrafo undécimo se restituye el punto número 17 de Los Sentimientos de la Nación, de Morelos, “que dice que a cada uno se le guarden sus propiedades y se respete su casa como un asilo sagrado. Eso lo estamos recuperando”. Además, agregó, se evitó regresar a la Inquisición en México.

Indicó que quedan pendientes temas inconstitucionales como el arraigo y a la extradición, esta última, como un asunto de soberanía nacional, además de que se debe cambiar la Ley de Delincuencia Organizada y legislar sobre una ley de amnistía. “Mientras no sé den no habrá justicia”.

PRI

A su vez, el diputadoCésar Camacho Quiroz resaltó el consenso entre los grupos parlamentarios para lograr un equilibrio a fin de dotar de más y mejores herramientas al Estado en materia de justicia, tanto en el ámbito federal como del fuero común, “sin atropellar la libertad de las personas, además de que permite combatir al crimen organizado al tiempo que establece un sistema moderno, garantista y respetuoso de los derechos humanos”.

Dijo que esta Reforma es trascendental, incluido el párrafo relacionado al ingreso sin orden judicial, porque es una medida con base doctrinaria y jurisprudencial, “pero escuchando a la sociedad civil, de que no es el momento oportuno para ponerla en vigor”.

PVEM

El diputado Francisco Elizondo Garrido destacó que la reforma constitucional es un cambio histórico que va a propiciar el mejor funcionamiento de las instituciones encargadas de la administración de justicia.

Comentó que el país necesita procesos judiciales ágiles, que proporcionen certeza jurídica a los gobernados, por ello, “en esta reformase implementan elementos vanguardistas como la oralidad de los juicios, así como el proceso penal acusatorio”.

Convergencia

Al fijar la postura de su partido, el diputado Alejandro Chanona Burguete aseveró que todavía existen muchos pendientes por resolver en materia de justicia, pero calificó de buen inicio el derogar el párrafo undécimo, que permitía a las policías ingresar a domicilios particulares sin orden judicial previa.

Estableció que de haberse aceptado se estaría legitimando un régimen de excepción. “Al no aceptar las modificaciones del Senado se vota a favor de un sistema de justicia que garantiza el respeto a los derechos humanos, fundamentales de toda sociedad”.

PT

A su vez, el diputado Ricardo Cantú Garza señaló que su partido se congratula por la decisión de retirar el párrafo undécimo, debido a que son muchas las arbitrariedades que los cuerpos policiacos cometen contra la ciudadanía, aún sin autorización legal como se pretendía.

Añadió que “por fortuna esta soberanía ha sido sensible a los reclamos de la sociedad mexicana, y de forma unánime se ha expresado en contra de un proyecto de reforma que atentaba contra los derechos humanos”.

Nueva Alianza

La diputada Mónica Arriola expresó su confianza para que la reforma judicial aprobada se traduzca en un instrumento que responda a las demandas de la sociedad.

Asimismo, reconoció que la procuración y administración de justicia se encuentra en decadencia, lo que ha provocado que las víctimas, en su mayoría, prefieran no acudir alMinisterio Público a denunciar los delitos y un gran número de delincuentes no sean condenados a prisión, lo que fortalece la impunidad.

Alternativa

La diputada Marina Arvizu Rivas manifestó que la preocupación de los legisladores de su bancada era que la reforma en sus términos originales restringía un derecho fundamental de las personas: la inviolabilidad de su domicilio, “lo que hubiera sido un gran retroceso”.

Mencionó que había la sospecha de que lo que se quería era una excusa constitucional para que las policías ingresaran a su antojo al domicilio de cualquiera, sin embargo, la propuesta, dijo, da la certeza que no es así.

Participaron también en tribuna los diputados Violeta del Pilar Lagunes Viveros (PAN), Andrés Lozano Lozano, Mario Enrique Del Toro y Antonio Ortega Martínez, del (PRD), Mario Lescieur Talavera (PRI) y Jacinto Gómez Pasillas (Nueva Alianza).

El proyecto de decreto aprobado se devolvió al Senado para sus efectos constitucionales.

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