En reunión de trabajo con diputados de las comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano, Atención a Grupos Vulnerables, Desarrollo Social, Asuntos Indígenas y de Equidad y Género, el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, indicó que es necesario hacer una evaluación de los programas sociales para determinar si cumplen o no con su objetivo de combate a la pobreza.

Reconoció que varios de ellos no alcanzan las expectativas para el que fueron creados e incluso son utilizados con fines electorales o clientelistas, por lo que señaló, “el Consejo de Evaluación hará una revisión de todos los programas y fijará metas en su aplicación”.

Por su parte, el diputado Obdulio Ávila Mayo (PAN), presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, avaló la propuesta y dijo que de lo que se trata no es quitar por quitar los programas establecidos, sino hacerlos transparentes y confiables.

“Después de la evaluación puede resultar que todos deben de permanecer; algunos otros pueden requerir modificaciones o ajuste de tuercas e incluso algunos otros desaparecer, pero la decisión se dará cuando sean revisados”.

La diputada Esperanza Morelos Borja (PAN), dijo al respecto que los programas sociales no deben tener ningún color partidista, sin embargo, añadió, con frecuencia hay denuncias en los estados y eso mete mucho ruido en las elecciones.

Indicó que la supervisión, las evaluaciones y la vigilancia se hacen necesarias para evitar que los partidos políticos utilicen dichos programas a su favor.

La reunión de trabajo sirvió para que los diputados conocieran las actividades y programas de la Secretaría de Desarrollo Social y para externar sus inquietudes respecto a las reglas de operación.

Sobre el tema, dijo que se pretende publicarlas el 31 de marzo e invitó a los legisladores a formar un taller para conocer la operación de las mismas.

Ante el cuestionamiento de los diputados Juan Manuel Villanueva y Alejandro Sánchez Domínguez (PAN), Lourdes Alonso Flores, Juan Darío Arreola Calderón y Guadalupe Flores (PRD), el titular de Desarrollo Social señaló que un compromiso del gobierno del Presidente Felipe Calderón es reducir en un 30 por ciento la población que padece pobreza alimentaria, es decir, precisó, se busca atender a 4.3 millones de mexicanos en esa situación.

Añadió que el programa sectorial de la presente administración tiene cuatro objetivos básicos de combate a la pobreza: destinar los recursos para el desarrollo de las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad; abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales más vulnerables; disminuir la disparidad regional y mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Son, indicó el funcionario, “objetivos transversales muy ambiciosos”.

Abundó que para cumplir con estos objetivos se busca focalizar las acciones de inversión y “diseñar trajes a la medida de los requerimientos de cada comunidad. No es la misma en Durango que en Tabasco, hay que ajustar a las características regionales y étnicas de cada una de estas comunidades.”.

Explicó que se busca medir la pobreza bajo un nuevo esquema. Primero se midió la pobreza a nivel nacional, luego estatal, después municipal y ahora se pretende medirla a nivel de localidad para tener un mapa mucho más claro de cómo y dónde está la pobreza en el país.

Abordó también el tema de los programas destinados a los adultos mayores, a mujeres, a indígenas y a la atención de los grupos vulnerables, sobre este último reconoció que la mayoría están deshilvanados, por lo que es necesario vincularlos.

Dijo que México es ejemplo a nivel mundial por aprobar un presupuesto con perspectiva de género.

Rescatar espacios públicos de comunidades invadidas por narcotráfico

Previo a la reunión de trabajo con las comisiones unidas, el secretario de Desarrollo Social acudió a la Junta de Coordinación Política para conversar con los coordinadores parlamentarios.

A su salida, dijo a los medios de comunicación que la dependencia a su cargo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República (PGR),

trabajan en un programa de rescate de espacios públicos de municipios y localidades con altos índices de criminalidad y marginalidad.

Cuestionado respecto si la Secretaría de Desarrollo Social tiene identificadas las comunidades o zonas donde el narcotráfico las ha invadido o acotado por su pobreza extrema, Cordero Arroyo aceptó que “en eso estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, para tener un mapa muy claro de cuáles son las zonas que merecerían una atención integral por parte del Gobierno Federal, para rescatarlas de estos delincuentes”.

Concluyó que este problema debe combatirse y “la mejor manera es en forma integral; es decir, no sólo desde el punto de vista policiaco, sino utilizando la política social para rescatar a aquellas comunidades que lamentablemente están en manos del narcotráfico”.

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