Se requiere impulsar una Ley General de Protección a Periodistas, con base en los estándares internacionales, aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Durante su participación en el foro Retos y Futuro de la Libertad de Expresión en México, el ombudsman capitalino dijo que es necesario construir una legislación acorde al siglo XXI, porque “en materia de comunicación algo ha pasado, ciertas cosas se han desarrollado”.

Recalcó que existe un déficit del ejercicio de los derechos humanos en materia de comunicación y esa agenda debe ser abordada urgentemente.

Ante ello, el diputado Ector Jaime Ramírez Barba (PAN), encargado de coordinar este panel del foro, se comprometió a trabajar para formular dicha ley. “Asumo el reto de buscar los mecanismos que permitan articularla”.

Ramírez Barba agregó que actualmente existe una propuesta a fin de que las recomendaciones de la CNDH puedan ser vinculatorias a un proceso, “dentro de los trabajos para la Reforma del Estado, un tema que se ha planteado es que toda recomendación que no sea acatada por un funcionario público, el Congreso tenga la facultad de llamarlo para que explique las razones por las que no aceptó la recomendación”.

Álvarez Icaza Longoria precisó que desde hace años se violan los derechos de los periodistas sin que se tomen las medidas eficientes y suficientes para evitar que eso pase.

“Uno de los desafíos principales para el ejercicio de la libertad radica en que las instituciones mexicanas no están funcionando y esto sucede porque no generan la protección necesaria, eficiente y suficiente para el ejercicio del periodismo”, acotó.

Enfatizó que Reporteros Sin Fronteras en 2007 publicó que México continúa siendo el país más peligroso de América Latina para la prensa; entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007, ocho periodistas fueron asesinados.

El Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York, continuó, estableció que en nuestro país hubo 13 periodistas caídos en cumplimiento de su labor informativa, 14 muertos en circunstancias poco claras en los últimos 15 años, tres periodistas y tres trabajadores de prensa fueron asesinados en 2007 y tres reporteros desaparecieron.

Acusó que lo más grave de todos esos hechos es que no existen culpables, “no hay un solo detenido que ayude a dar esperanza, confianza y la solidez necesaria para el ejercicio del periodismo”.

El ombudsman capitalino reconoció que hay testimonios de periodistas y medios de comunicación que han enfrentado al poder y han aportado fundamentos para la transición democrática de la nación, pero se les debe blindar a través de leyes que garanticen su seguridad.

En el segundo día del foro, que concluirá mañana viernes 29 de febrero, también participaron Enrique Gómez Orozco, dueño y director general de periódicos AM de Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Michoacán; Armando Prida Huerta, dueño y presidente de periódicos Síntesis de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

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