En el último día del Foro: Crimen Organizado y Abuso de Poder, Retos y Futuro de la Libertad de Expresión en México, el diputado Gerardo Priego Tapia (PAN), informó que junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se trabaja en dos iniciativas referentes al tema de los medios de comunicación.

El presidente de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, explicó que la primera busca regular la publicidad gubernamental, “que ésta no sea utilizada para premiar o castigar a quien habla bien o cuestiona a las autoridades”.

Agregó que la segunda tiene que ver con la cláusula de conciencia, “para que ningún periodista sea obligado a tratar o investigar sobre temas que considere poco éticos; la reforma sería para respaldar ese derecho”.

Asimismo, Priego Tapia acotó que buscarán institucionalizar la realización anual del foro, a fin de mantener abierta la discusión y analizar los avances que se tengan y se congratuló de la participación de todos los ponentes, “porque con sus ideas guían la revisión legislativa que vamos a realizar en próximas fechas”.

Precisó que los resultados del foro se publicarán en un libro sobre la situación en el país, “también vamos a hacer un documental de media hora, lo que queremos es que la población se entere y tenga conciencia de que si permiten que callen esas voces, también los están callando a ellos”.

Por su parte, el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano, propuso reformar los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, para que todo delito contra quien desempeñe su profesión, como los periodistas, sea delito federal.

Aclaró que en esos dos artículos se especifica cuáles delitos, de todo el código, son del orden federal. “Al término de una averiguación declinamos la competencia, pues corresponde al orden común y se va a los jueces de los estados, porque el homicidio no es delito federal, a menos de que sea delincuencia organizada y en ese caso no es competencia del fiscal especial, sino de la SIEDO”.

Con esa reforma, que ya está en manos del Procurador General de la República, los delitos que se cometan en cualquiera de las 32 entidades federativas, serán federales y en tal caso actuarán los peritos de la PGR, no de las entidades locales”, sentenció.

En otro orden de ideas, Juan de Dios Castro Lozano afirmó que el mundo globalizado, con parámetros de vigilancia internacional, muestra un nuevo reto en la conquista por el respeto a las libertades informativas.

“Uno de índole política, cultural y laboral; procurar la aplicación de las leyes vigentes y acabar con la impunidad, promover el constante perfeccionamiento del marco jurídico para garantizar la libertad de expresión, ése es el verdadero reto legislativo”, aseveró.

El subprocurador propuso luchar por la profesionalización del periodismo y velar porque se mejoren sus condiciones laborales en los periódicos. “Los periódicos, las empresas editoriales, deben retribuir justamente a los que otorgan la información”.

En su oportunidad, Raymundo Rivapalacio, Director Editorial del periódico El Universal, indicó que a la sociedad no le importa lo que suceda con los periodistas y lamentó la desunión e indiferencia del propio gremio ante los hechos. “No tenemos una voz única para la denuncia, ni una posición homogénea ante las agresiones, mucho menos una acción colectiva”.

Recordó que hace un par de años hubo un grupo de periódicos que intentaron enfrentar colectivamente la violencia y el narcotráfico en el norte del país, siguiendo experiencias exitosas en Colombia y en Estados Unidos, “pero cayó rápidamente en la negligencia y en el olvido”.

El resultado, continuó, es que los riesgos físicos reales que enfrenta la prensa en el norte del país, desde hace más de dos años, se extendieron por toda la República.

“Inclusive en el Distrito Federal, donde varios medios han tenido que retirar reporteros por las amenazas de muerte y han dejado de reconocer a los autores de trabajos sobre ciertos temas de esa índole, por las mismas razones”, denunció.

A su vez, Jorge Fernández Menéndez, articulista de Excélsior, coincidió con Rivapalacio al exponer que el medio periodístico es muy desunido “porque en buena parte de la labor es individual”.

Comentó que el verdadero interés periodístico en la relación del crimen organizado con los medios de comunicación, en el contexto de la libertad de expresión, se entiende solamente desde un punto, el del poder.

“Y se entiende solamente al comprender que el crimen organizado es un factor de poder; es cuando se puede tornar peligrosa la cobertura de este tipo de temas”.

Explicó que por ello el control de aduanas y de puestos fronterizos, es clave para el crimen organizado, “y, por lo tanto, también los medios que tienen influencia en cada región que ellos controlan, desde su lógica, deben tener un margen de control”.

Dijo que el narcotráfico requiere de control territorial y para ellos la protección de la policía municipal, de la estatal, de las delegaciones federales, de quienes controlan, manejan un puerto, un aeropuerto, un cruce fronterizo, suele ser más valioso que tener un comandante en el Distrito Federal.

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