Los fideicomisos se crean para manejar de manera discrecional los recursos y no asumir la responsabilidad que se debe tener para cumplir con las Leyes de Adquisiciones y de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, afirmó el diputado Pablo Trejo Pérez (PRD).

El presidente de la Comisión para Investigar a los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria en el Pago del Derecho de Trámite Aduaneroagregó que sólo el 20 por ciento de este tipo de figuras jurídicas están identificadas y que “alrededor de 7 mil no sabemos qué hacen, ni a qué se dedican y mucho menos vamos a tener la posibilidad de fiscalizarlos”.

En reunión de trabajo con la doctora Irma Eréndira Sandoval, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Trejo Pérez señaló que aproximadamente 650 fideicomisos manejan 700 mil millones de pesos entre patrimonio y recursos que les da el erario federal.

Subrayó que los fideicomisos nacen con el propósito de darle agilidad a la administración pública federal, para que pudiera realizar las compras, ejecutar obras y dar respuesta inmediata anecesidades de las diversas áreas.

“Así se crea ISOSA, para atender la necesidad de dar un servicio que va a incrementarse exponencialmente con el TLC, pero que se ha utilizado en beneficio de intereses particulares”, aseveró.

“Cuánto dinero ingresó por estos trámites aduaneros, nadie sabe, se ha calculado que son 10 mil millones de pesos, pero los que estuvieron metidos en el asunto dicen que eran cantidades incuantificables”, destacó.

En tanto, la investigadora Irma Eréndira Sandoval señaló que el 84.9 por ciento del total, cuentan con una temporalidad indefinida y que esto significa el engrosamiento privatizador del Estado porque estos organismos son parte de la administración pública y no se supervisan recursos del erario en entidades privadas como los bancos.

Dijo que la opacidad financiera, escudada en el secreto bancario, es otro de los puntos nodales para evadir la rendición de cuentas y que éste no debe regirse en función de la voluntad de los funcionarios públicos; es necesario anular esta figura para el manejo de recursos de la sociedad, subrayó.

“Se corroboró que de los fideicomisos vigentes que no son considerados entidades paraestatales, y que representan el 46.6% del monto total de activos que reportaron los fideicomisos en el sistema de registro, en su mayoría no han sido fiscalizados porque se han amparado en el secreto bancario”, puntualizó.

Propuso la creación de una Ley General de Fideicomisos donde se establezcan las modalidades de su creación y se prohíban en materia de salud, pensiones y educación, a fin de “evitar la privatización opaca de estos sectores”.

Asimismo, dijo que es indispensable limitar, no sólo en cuanto a la cantidad, clase y tipo de fideicomisos que puedan ser establecidos sino al monto máximo permitido de dinero público que se les pueda depositar.

“Al día los fideicomisos suman 300 mil millones de pesos que equivalen a 3 puntos del Producto Interno Bruto”.

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