Con 370 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas a diversos ordenamientos a fin de tipificar, clasificar y castigar la clonación de tarjetas de crédito, débito, servicios y otros instrumentos de pago de bienes y servicios.

El dictamen con proyecto de decreto modifica diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito y la General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como de los Códigos Federal de Procedimientos Penales y el Penal Federal.

El documento responde a las observaciones hechas por el Ejecutivo al dictamen aprobado el 25 de abril de 2006 en la Cámara de Diputados y el 27 del mismo mes y año en el Senado de la República y que fueron remitidas a esta soberanía el 5 de septiembre de 2006.

En el dictamen, las comisiones dictaminadoras, de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, coinciden en que no existen elementos que permitan acreditar que los responsables de tales delitos formen parte de organizaciones con características de delincuencia organizada, por lo que se suprime la referencia a normar el tema de la clonación de tarjetas como delincuencia organizada.

Al suprimir esos delitos como actividades de la delincuencia organizada, continúa el dictamen, la reforma no implicaría una erogación mayor de recursos económicos para la Procuraduría General de la República; no aumentaría la carga de trabajo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizadanohabría necesidad de crear una unidad especializada con un titular, dos coordinadores generales, cuatro fiscalías, 20 agentes del Ministerio público de la Federación y demás recursos humanos.

Dichas reformas buscan reestructurar el delito de falsificación y uso indebido de tarjetas de crédito, débito, cheques o en general cualquier otro instrumento de pago, de los utilizados o emitidos por instituciones de crédito del país o del extranjero.

Entre las modificaciones planteadas a la Ley de Instituciones de Crédito, destacan las de los artículos 112 BIS al 112 QUINTUS, para sancionar con prisión de tres a nueve años y de treinta mil a trescientos mil días multa, al que sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello, fabrique, enajene o altere tarjetas de crédito, débito, cheques, formatos o esqueletos de cheques o en general cualquier otro instrumento de pago utilizado por instituciones de crédito del país o del extranjero.

Igual tratamiento penal se dará a quien copie o reproduzca la banda magnética o el medio de identificación electrónica, óptica o de cualquier otra tecnología de cualquiera de dichos instrumentos; sustraiga, copie o reproduzca información que contengan o posea, adquiera, utilice o comercialice equipos o medios electrónicos, ópticos para conseguir información con el propósito de obtener recursos económicos.

La misma pena se impondrá a quien posea, adquiera, utilice, comercialice o distribuya, cualquiera de esos instrumentos de pago, a sabiendas de que estén alterados o falsificados e ilegalmente acceda a los equipos del sistema bancario mexicano, para obtener recursos económicos, información confidencial o reservada, o quien altere el mecanismo de funcionamiento de los mismos para obtener recursos económicos o información confidencial.

Se precisa que para dar mayor certeza jurídica se adiciona el término de tarjetas de servicio, y las define como las emitidas por empresas comerciales no bancarias.

Se propone tipificar la clonación como un delito especial en la Ley de Instituciones de Crédito y clasificarla como delito grave en el Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de evitar que los delincuentes gocen del beneficio constitucional de la libertad bajo fianza.

Posicionamientos

Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN, la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera, afirmó que la clonación de tarjetas constituye un grave flagelo, por lo que se debe dar un marco jurídico de certeza y protección para los usuarios.

Indicó que es necesario garantizar el castigo a quienes clonan las tarjetas y fortalecer el sistema financiero mexicano, mediante el aumento de medidas de seguridad del personal y funcionarios de las instituciones de crédito; fortalecer las leyes que regulan esas instituciones y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como fortalecer los derechos de los usuarios.

En su oportunidad, la perredista Silvia Oliva Fragoso, manifestó su voto a favor del dictamen, no obstante, afirmó que es necesario incluir estas conductas en los delitos de delincuencia organizada.

Afirmó que la clonación y la falsificación de estos instrumentos es parte de la delincuencia organizada, no de una sola persona que clona las tarjetas y los instrumentos cobrables.

Por parte del grupo parlamentario de Convergencia, el diputado José Manuel Del Río Virgen apuntó que este problema ha ido creciendo por todo el país, con la organización de bandas delincuenciales para clonar estos instrumentos “y ni la CONDUSEF, ni la Secretaría de Hacienda ni los bancos reconocen que se clonó una tarjeta y que va en contra de nuestra economía”.

Reconoció la importancia de castigar severamente a quien cometa estos actos y añadió que éste “es un “negocito que, amparado desde el poder, permite que se clonen las tarjetas y luego que nadie pueda responder por ello”.

Señaló la conveniencia de aumentar la pena correspondiente hasta en una mitad, si quien realice esas conductas se desempeña como consejero, funcionario, empleado o prestador de servicios de cualquier institución de crédito, o la realice dentro de los dos años siguientes de haberse separado de alguno de estos cargos.

Del PVEM, la diputada Verónica Velasco Rodríguez manifestó el voto de su grupo parlamentario a favor del dictamen, porque busca proteger el patrimonio y economía de la sociedad y endurece las penas a quienes clonen o falsifiquen tarjetas de crédito, débito y de servicios o falsificación de cheques, conductas que afectan a miles de mexicanos.

Indicó que este dictamen responde a la necesidad de establecer una legislación versátil ante los adelantos tecnológicos que utiliza la delincuencia, especialmente al prever que se sancione a quien realice actos delictivos a través de medios electrónicos, ópticos o de la obtención de información confidencial de cualquier usuario de tarjetas.

Con los cambios propuestos se busca detener la comercialización de tarjetas, cheques y la enajenación, alteración y adquisición de tarjetas y formas similares de pago. No obstante, sólo son un principio para poner fin a la delincuencia que ensombrece al país, por lo que será necesario continuar con las acciones que protejan a los grupos más expuestos a la delincuencia financiera, agregó.

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