El Pleno Camaral aprobó por 302 votos a favor y 35 abstenciones adicionar un párrafo segundo al artículo Décimo Cuarto Transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.

El propósito: que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cuente con un plazo de doce meses para emprender una campaña de regularización administrativa de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales cuya vigencia haya concluido.

Detalla que los concesionarios que no gestionen la regularización de sus títulos en el plazo establecido serán sancionados por la Conagua de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Añade que este beneficio sólo será aplicado a quienes tengan antecedentes de trámites de concesiones y permisos en materia de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales antes de los decretos presidenciales de 1995 y 1996.

El dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos señala que es indispensable proporcionar seguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, promover la productividad y el desarrollo social e impulsar el crecimiento económico, sentando bases para el aprovechamiento sustentable y evitar una crisis productiva y social.

Menciona que a escala nacional el universo de usuarios del agua irregulares puede alcanzar hasta una tercera parte del total. Agrega que es fundamental prever el incremento del déficit y la sobreexplotación de los acuíferos mediante una regularización que permita la actualización del Registro Público de Derechos de Agua.

Al iniciar los posicionamientos, el diputado Diego Cobo Terrazas (PVEM) dijo que las concesiones son una de las herramientas más eficaces para administrar el agua y que su efectividad se ha visto debilitada debido a la falta de atención y respuesta oportuna a las solicitudes de trámite presentada por los usuarios.

Manifestó que en el periodo comprendido 2004 al 2006, un total de 19 mil 246 concesionarios o asignatarios no presentaron solicitud de prórroga, y en el 2007 vencieron 21 mil 164 títulos de concesión. Añadió que en el país existen diez mil pozos operando en condiciones irregulares.

Puntualizó que su fracción se pronuncia a favor de la moratoria de doce meses para llevar a cabo la campaña de regularización administrativa de aguas nacionales, a fin de que se otorguen facilidades a los usuarios que cuenten con antecedentes de trámites de permisos.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (PRI) demandó que el proceso para una concesión en la Conagua es muy lento, ya que hay casos en que dura hasta seis años. Agregó que dar certidumbre jurídica es una de las primicias del decreto.

Mencionó que da satisfacción sumarse a una decisión que esperan miles de personas, sobre todo en los estados como Chihuahua, en donde existen conflictos graves por la falta de facilidades para regularizar los permisos.

Destacó que con el programa de doce meses se determina la posibilidad de regularizar a zonas conflictivas del país como lo es La Laguna, Querétaro, San Luis Potosí. Añadió que con esto los productores podrán acceder a los programas de beneficio establecidos en el presupuesto.

Por el PRD, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado indicó que se debe de velar por la observancia y el efectivo cumplimiento de esta Ley para generar así verdaderas condiciones de sustentabilidad, aunque, dijo, no se sabe a quiénes y cuántos se van a regularizar.

Expresó que el beneficio de la reforma sólo será aplicado a las personas que cuenten con antecedentes de trámite de concesión en materia de explotación antes de los decretos de 1995 y 1996. Refirió que antes de los decretos quienes contaban con regularización eran alrededor de 27 mil 300 usuarios, y que hubo más de 300 mil títulos.

Detalló que la reforma parte de un presupuesto falso y de una percepción errónea y superficial respecto al incumplimiento de los usuarios, “como si el incumplimiento estuviera abundado en el dolo, la desidia o la propagación de la cultura de la ilegalidad”. Agregó que no se duda de la bondad de abrir el espacio de la regularización, pero dejó en claro que no es lo mejor del dictamen.

El legislador Martín Stefanonni Mazzocco (PAN) precisó que en el país existen alrededor de 40 mil usuarios y que el decreto permitirá dar certeza jurídica a los organismos operadores de agua, ya que el 30 por ciento de éstos han padecido los títulos de asignación.

Dijo que otro problema es el de las comunidadesrurales porque no se rehabilitan las obras y de ahí que no se les otorgue agua potable, pero sobre todo que los usuarios agrícolas no tienen un título de concesión.

Afirmó que es un problema serio el que se tiene en el agua a nivel internacional. Dijo que existen graves problemas de explotación en Chihuahua, Guanajuato y Zacatecas, y en todas las cuencas cerradas que no tienen recargas de agua laterales.

En el debate también participaron los diputados del PRI, Gerardo Octavio Vargas Landeros y José Rubén Escajeda Jiménez, así como Víctor Manuel Torres Herrera, Antonio Medellín Varela y Joel Arellano Arellano, de Acción Nacional, y Aleida Alavez Ruiz (PRD).

Las reformas se enviaron al Ejecutivo Federal para sus afectos constitucionales.

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