El grupo de trabajo sobre derechos civiles y políticos de la CENCA presidido por el diputado Francisco Fraile García (PAN), avaló la propuesta encaminada a reformar los artículos 40 y 130 de la Constitución para delimitar y establecer que México es una República laica.

De acuerdo con la propuesta de reforma que presentará ante la comisión redactora, se modifica el artículo 40 de la Carta Magna para asentar la constitución de una República laica, representativa, democrática federal, compuesta de estados libres y soberanos.

De igual forma, modifica el contenido del artículo 130 y establece los principios históricos de laicidad y de separación del Estado y las Iglesias, además de que añade la figura de las asociaciones religiosas al sometimiento de la ley. “Las Iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”.

Se añade que el Estado mexicano, cuya legitimidad política proviene de la soberanía popular, asume el principio de laicidad como garante de conciencia de todas las personas y, en consecuencia, de los actos que de ésta se deriven.

Garantiza también la autonomía de sus instituciones frente a las normas, reglas y creencias religiosas o ideológicas particulares, así como la igualdad de todas las personas ante la ley, independientemente de sus convicciones o creencias.

La iniciativa señala en su modificación al artículo 130 que el Estado garantizará de igual forma la igualdad de trato y no establecerá ningún tipo de privilegio a favor de Iglesia, asociación o agrupación religiosa alguna.

Además, delimita que las autoridades federales, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, deberán guiar su actuación con respeto y la salvaguarda, en todo momento, del principio de laicidad.

Concluye que el incumplimiento de esta obligación conllevará responsabilidad en los términos del Título Cuarto de la Constitución y las demás que establezcan las leyes.

Por otra parte, el grupo de trabajo aprobó la propuesta que reforma el artículo 4º de la Constitución en torno al derecho a la identidad.

Menciona que el derecho a la identidad es esencial como medio para el ejercicio de otros derechos de naturaleza política, económica, social y cultural.

“Bajo esta concepción, el ejercicio afirmativo de derecho a la identidad, cobra un valor instrumental para la garantía de otros derechos como son el derecho a una nacionalidad, a un nombre, a ser registrado y a la personalidad jurídica”, refiere el documento aprobado.

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