Diputados de los diversos grupos parlamentarios debatieron en torno a la supuesta relación del Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, con empresas del ramo energético.

Al respecto, el PAN solicitó que se aporten pruebas; el PRD pidió su remoción inmediata; en tanto que el PRI manifestó que no encubrirá al Gobierno Federal ni será partícipe de condenar a priori un tema que está al seno de una Comisión.

Al presentar el tema en tribuna, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), solicitó la remoción inmediata del Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para que sea sujeto a los tribunales mexicanos.

Durante la sesión de hoy, el legislador perredista señaló que la Comisión para investigar la legalidad de los contratos firmados por Mouriño “no va a resolver nada, fue pactada con algunos partidos pequeños para tapar anomalías en la Lotería Nacional; con otros partidos para procesar el tema de PEMEX”.

Consideró que es inaceptable que el hombre más cercano al Ejecutivo integre toda la información de la seguridad nacional y sirva a intereses que no son de los mexicanos.

A su vez, el diputado panista Edgar Martín Ramírez Pech aclaró que su partido no tiene duda del comportamiento ético y legal del Secretario de Gobernación.

“Sí nos sujetamos a la legalidad, no somos rehenes de problemas internos o de caprichos de ex aspirantes; nos apegamos a la legalidad y el Estado de Derecho”, subrayó.

Estuvo de acuerdo en la investigación, “pero que aporten pruebas, que no sea a capricho, que no se adelanten juicios y tampoco se utilicen como cortinas de humo para tapar sus problemas internos”.

En su oportunidad, el diputado Adolfo Mota Hernández (PRI) afirmó que su partido no va a encubrir al Gobierno Federal, “pero tampoco seremos partícipes de condenar a priori una situación que está en el seno de la comisión y en la que vamos a participar consistentemente”.

Añadió que en este tema no gana nadie, ni el país, ni un grupo parlamentario, porque la cohesión social y de los mexicanos es la que está en juego.

“Queremos que la sociedad tenga clara cuál es la visión y actividad que desarrolló en el pasado el Secretario de Gobernación”, enfatizó.

Enseguida Jesús Sesma Suárez (PVEM) señaló que la Comisión investigadora tiene el compromiso público de indagar a profundidad lo sucedido e informar de manera clara, oportuna y transparente los resultados de su trabajo.

Subrayó que para que cumpla con ese compromiso es necesario el apoyo de diputados, partidos, militantes, ciudadanía y medios de comunicación para aportar elementos útiles que contribuyan a encontrar la verdad jurídica “y no sólo se descalifique porque sí”.

De Convergencia, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva aseveró que “sería muy grave instalar desde el gobierno un conjunto de prácticas que hicieran del tráfico de influencias y del abandono de los principios éticos, la constante de su desempeño, sin preocuparse si hay conflicto de intereses”.

Agregó que “no se debe permitir que con el pretexto de la Reforma Energética PEMEX sea botín de los peores intereses”. Se pronunció por no realizar la reforma energética sin un debate que sitúe los problemas de la empresa con la participación de todos los mexicanos.

Más adelante, el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (PT) dijo: “Han pretendido vender la imagen deun servidor público ejemplar y con visión de futuro, pero es falso; Mouriño violó distintas leyes federales para beneficiar los negocios privados de su familia, que se relacionan con contratos con PEMEX”.

Agregó que si se actúa con imparcialidad, objetividad y sujeción a la ley, se podrá concluir que el Secretario de Gobernación, al firmar los contratos, era servidor público y, en consecuencia, estaba legalmente impedido, por la naturaleza de los cargos que desempeñaba para poder firmarlos”.

Enseguida, de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas Fonseca propuso no “descarrilar un debate de la mayor importancia como el de la reforma energética, con acciones de distracción como la constitución de la comisión investigadora para luego no participar en ella”.

Llamó a no distraerse del tema medular, “alejémonos de la conducta que primero genera el daño y luego busca el trámite jurídico; de las convocatorias de quienes se pretenden salvadores de la patria”.

Posteriormente concluyó la sesión y se citó para el jueves 3 de abril a las 11:00 horas.

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