Los programas de gobierno y políticas públicas aún se encuentran lejos del estado ideal en cuanto a supervisión, afirmó el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Precisó que existen una serie de irregularidades y observaciones administrativas de carácter recurrente que se deben a la inobservancia de la normatividad y principios contables establecidos, así como a la ausencia de controles que mejoren la evaluación, seguimiento y gestión de las obras y programas.

Al participar en la mesa redonda El Papel del Congreso en la Evaluación de las Políticas Públicas Rurales, destacó que este año el informe deAuditoría Superior de la Federación reporta, en el resumen de la recurrencia de irregularidades, que de las 8 mil 131 localizadas en la revisión de la Cuenta Pública 2006, el 8 por ciento se derivaron de la ausencia y mal diseño de objetivos, metas e indicadores.

Dijo que las recientes reformas en materia de calidad y transparencia del gasto público, fiscalización, rendición de cuentas y evaluación que facultan a la ASF para realizar auditorías de desempeño, se han encontrado con múltiples obstáculos por parte de los entes auditados.

Informó que la ASF realizó una auditoría de desempeño al Programa de Fomento Agrícola de la Sagarpa -se revisaron mil 800 millones de pesos- donde se concluyó que en las reglas de operación no se contemplaron indicadores de resultados para medir el cumplimiento del objetivo estratégico.

“La Sagarpa no contó con metas o indicadores que permitieran medir el cumplimiento del objetivo estratégico del programa, no fue posible medir el cumplimiento del impulso a la productividad en las unidades de producción apoyadas por la entidad”, dijo.

Esta no contó con dicha información y por ende no fue posible medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la competitividad, y por lo tanto, la ASF se declaró incapaz de evaluar si mil 800 millones pesos fueron, no sólo asignados en la gestión financiera de manera ordenada sino que sirvieron para algo, concretó.

En tanto, el diputado Alejandro Martínez Hernández, presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable yla Soberanía Alimentaria, señaló que únicamente con un equilibrioentre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se podrá garantizar el ejercicio responsable de gobierno.

En su intervención, el diputado Carlos Rojas Gutiérrez (PRI), manifestó que las secretarías vinculadas a lo social o al campo hacen proyectos productivos para mujeres y compiten con las dependencias, por lo que el esfuerzo delpresupuesto se diluye.

Indicó que el sistema de evaluación del desempeño tiene elriesgo deperder claridad en el objetivo a evaluar. “Se puede convertir en un ejercicio tecnocrático en donde todo se cuantifica”, advirtió.

Añadió que hay un exceso de “papeleo”, por lo que los servidores públicosintegran documentos, reportes y no obtiene resultados. “Llega a tales excesos que las organizaciones campesinas ya desaparecieron del mapa social y económico de este país y se convirtieron en un número de folio, a eso han conducidolos excesos de la tecnocracia”.

Planteó que el gobierno no debe realizar el sistema de evaluación, es necesario quelos indicadores sean calificados por la Auditoría Superior de la Federación y el Congreso.

Por su parte, la diputada Susana Monreal Ávila (PRD) comentó que el sistema debiera implementarse por la Auditoría Superior de la Federación, pues la Secretaría de Hacienda,no debe determinar cómo recortar el presupuesto, pues ellos establecen los criterios.

El diputado Xavier López Adame (PVEM) subrayó que el sistema de evaluación de desempeño funcionará una vez que el Ejecutivo y el Congreso se coordinen a fin de que fluya la información y hacer pronunciamientos para el presupuesto.

“Hay que poner en la ley qué tipo de información se debe generar, porque existen instituciones públicas que aplican presupuesto que tienen identificadas sus metas, pero no saben la población u objetivo que tienen qué alcanzar”, comentó.

Sergio Barrales Domínguez, director general del citado centro señaló la necesidad de instalar un sistema de aplicación de presupuesto en función del desempeño de las funciones realizadas por cada instancia.

Ricardo Miranda Burgos, director general adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló queel reto es cómo lograruna alineación adecuada en los procesos de planeación, objetivos, programas, con las acciones que se realizan año con año y donde se localizan los recursos.

Javier González Gómez, director general de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno, de la Secretaría de la Función Pública,coincidió en la importancia de revisar las propuestas para hacer reformas legales que permitan generar equilibrios.

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