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Boletín N°. 2480 Aprueba Comisión reformas a favor de víctimas de violencia familiar

La Comisión de Grupos Vulnerables, presidida por la diputada María Esperanza Morelos Borja, aprobó el dictamenque reforma el artículo 323 del Código Civil Federal en materia de Violencia Familiar.

El documento turnado a las comisiones unidas de Justicia y de Grupos Vulnerables, para su análisis y dictamen, busca anexar las figuras de tutela y custodia, a fin de evitar que queden desprotegidas personas que no son de la familia, pero por alguna causa habitan con el agresor.

Asimismo elimina la frase “de manera reiterada” y señala que “basta con que el maltrato físico o moral se dé una vez para generar múltiples daños en una persona”.

Refiere que de las mujeres que sufren algún tipo de violencia el 48.7 por ciento es en manos de su pareja, el 17.9 por ciento por el ex esposo, el 14.9 de un familiar o padrey el 14.8 por la madre.

Añade que en los menores se identifica la violencia física como el principal maltrato con el 31.2por ciento, la omisión de cuidados con 23.4 y 20.4 el maltrato emocional.

Menciona que en México se cree que la familia tiene el derecho y la obligación de imponer medidas disciplinarias sobre quienes están a su cargo y quienes necesitan de su cuidado, por ello es necesario establecer preceptos claros que permitan proteger a sus integrantes.

Infraestructura para alumnos con discapacidad

La comisión también aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 55, 59, 69 y 70 de la Ley General de Educación en materia de infraestructura física para los educandos con discapacidad.

Dicha reforma espera ampliar el marco jurídico de la Ley para garantizar el acceso a las escuelas públicas y privadas de personas con discapacidad en igualdad de condiciones, así como modificar el término “con capacidades diferentes” por el de “personas con discapacidad”, e incluir“educación especial”

El decreto precisa que las escuelas deben contar con infraestructura adecuada, eliminar las barreras para facilitar el libre tránsito, definir los planes y programas educativos, con el fin de que las personas con discapacidad tengan igualdad de condiciones.

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