En la sesión de hoy, efectuada en el Auditorio del Edificio “E” de San Lázaro, los diputados aprobaron en lo general y en lo particular con 286 votos a favor, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de terminar con el intermediarismo y generar ahorro en las compras del gobierno federal.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de la Función Pública, Benjamín González Roaro (PAN), quien fundamentó el dictamen, la reforma de los artículos 1, 2, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 57, 59, 60 y 65 de la citada ley, permitirá al gobierno federal aprovechar las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos en materia de subastas.

Con las reformas, señaló, las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, en los términos que se establezcan en el reglamento de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Añadió que otro de los propósitos es el de fomentar el desarrollo y participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que se establece un derecho de preferencia en las licitaciones públicas nacionales.

Con esto, dijo, las dependencias y entidades deberán adjudicar contratos en igualdad de circunstancias tanto a las micro, pequeña y medianas empresas como a las de mayor capital.

Mencionó que en las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, en los casos que establezca la Secretaría de la Función Pública, siempre que las dependencias o entidades convocantes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad.

El diputado González Roaro añadió que la entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado y deberá contener la propuesta técnica y económica.

“En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría de la Función Pública”, precisó.

La reforma, dijo, establece que los compradores que actúen en el extranjero estarán sujetos a las normas de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de fiscalización superior.

Subrayó que el objeto de la reforma es el de promover la modernización de la gestión pública, impulsar la reducción de los costos de transacción y de contratación, además de fomentar la eficiencia de las adquisiciones del sector público.

González Roaro concluyó que la reforma provocará, sin duda, un gran ahorro y eficiencia en las compras del sector público, así como transparencia. “Por otro lado, queda resguardada y protegida la participación de la pequeña y mediana industrias en los procesos de adjudicación pública”.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Eduardo Sánchez Hernández (PRI), proponente de la iniciativa, indicó que la modificación cambiará la forma en la que el gobierno federal hace sus adquisiciones, toda vez que se elimina el sobre cerrado como único método y se da pie a las ofertas subsecuentes de descuentos o subastas de precios hacia abajo.

Indicó también que con la reforma se da un paso al frente en el combate a la corrupción. “Todos sabemos que la mayor parte de este flagelo se origina a la hora de los contratos con el gobierno. Es ahí donde salen las jugosas ganancias, las mordidas y los grandes negocios”.

Coincidió que las modificaciones a la ley de Adquisiciones tiene el propósito de abatir las barreras para dar oportunidad a las micro, pequeña y mediana industrias que quieren participar en los concursos, lo que permitirá al gobierno garantizar que comprará productos y servicios a precios más bajos.

Añadió que con la reforma se tendrán, en resumen, cuatro ventajas; la primera, transparencia, ya que cualquier ciudadano podrá verificar el proceso de un concurso; la segunda, anticorrupción, porque abatimos los precios hacia abajo, de tal forma que no hay espacio “para la mochada”.

Tercero, abundó, habrá competitividad, porque se permite que más personas participen en las licitaciones y lo podrán hacer de forma remota a través de Internet y, cuarto, se garantizan mejores condiciones de precio para las adquisiciones del gobierno.

“Calculamos que solamente al aplicar esta nueva forma de comprar, en el primer año habría un ahorro de un punto porcentual del Producto Interno Bruto, que es el equivalente a lo que se aprobó en la Reforma Fiscal”, concluyó.

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