Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD, PRI, PVEM, Convergencia, PT, Alternativa y Nueva Alianza presentaron una iniciativa de reformas constitucionales con el propósito de elevar la calidad educativa, establecer la obligatoriedad de la educación media superior y eliminar la obligatoriedad de la educación preescolar para los niños y las niñas de tres años de edad.

La iniciativa, turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, señala el documento, es resultado del compromiso asumido por la LX Legislatura con el pueblo de México, para la concreción del proceso de la Reforma del Estado.

La propuesta está suscrita por los diputados Héctor Larios Córdova (PAN); Javier González Garza (PRD); Emilio Gamboa Patrón, (PRI); Gloria Lavara Mejía, (PVEM); Alejandro Chanona Burguete (Convergencia); Ricardo Cantú Garza (PT); Aída Marina Arvizu Rivas (Alternativa) y Silvia Luna Rodríguez, de Nueva Alianza, así como por el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Tonatiuh Bravo Padilla (PRD).

Se plantean reformas y adiciones a los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, derogar el Quinto Transitorio del Decreto por el que se Aprueba el Diverso que adiciona los artículos 3°, párrafo primero, fracciones III, V Y VI, y 31, fracción I, de la Carta Magna.

Precisa la necesidad de que el Estado promueva, impulse y financie la ciencia, tecnología e innovación para contribuir al desarrollo nacional y regional del país; además que fomente la igualdad y equidad en el acceso y permanencia en el sistema educativo para que la falta de recursos en las familias menos favorecidas no ponga en riesgo la continuidad de los estudios.

Se fortalece el alcance del precepto del texto original sobre la laicidad de la educación, por lo que se explicita en el texto constitucional que los planes y programas de estudio y las actividades académicas en los planteles públicos y particulares se mantendrán ajenos a cualquier doctrina religiosa.

Destaca que la educación deberá fomentar la paz y luchar contra la discriminación. Además, se incorpora el precepto de “aprovechamiento sustentable de los recursos” y el cuidado del medio ambiente.

El criterio que orientará la educación se basará en los resultados del progreso científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la discriminación, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, apunta.

Además, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento político, económico, social y cultural del pueblo.

Se incluye el respeto por la diversidad cultural y el carácter bilingüe de la educación preescolar y primaria que se imparta a los miembros de los pueblos indígenas.

En la exposición de motivos, se subraya que la alternancia política en los distintos órdenes de gobierno y la pluralidad en el Poder Legislativo, demandan que los diversos actores desarrollen lineamientos –con una visión de largo plazo—que no solamente le den estabilidad y rumbo a la educación en México, sino que contribuyan a evitar la improvisación en las políticas públicas, así como las modificaciones coyunturales en la tarea educativa.

Se considera que es prioritario trabajar en conjunto para desarrollar una política educativa integral, de largo plazo, con financiamiento creciente y eficiente, donde la inversión educativa tenga un impacto en la calidad académica y esté sujeta a rendición de cuentas.

La reforma menciona que es indispensable generar consensos de largo alcance con la participación de todos los actores involucrados en el tema educativo y los diversos órdenes de gobierno, respecto a la necesidad de mejorar la calidad, equidad y pertinencia en la educación en todos sus niveles, e impulsar el desarrollo de recursos humanos de alto nivel.

Plantea establecer, a nivel constitucional, a la educación como eje del desarrollo nacional y que se impulse una política de Estado para tales fines, la cual permitirá una genuina planeación de largo plazo y que las metas y programas educativos no sean sujetos de vaivenes trienales y sexenales.

Subraya el esfuerzo de los diversos actores de la sociedad representados en el Congreso de la Unión, para alcanzar los acuerdos necesarios que permitan avanzar en las reformas estructurales del Estado mexicano.

A pesar de los avances en materia de alfabetización y cobertura de nivel básico, los retos educativos de nuestro país en el siglo XXI han cambiado, por lo que se hace necesario plantear nuevas medidas de política pública que permitan consolidar los logros históricos en materia educativa.

Se reconoce que dada la insuficiencia y poca eficiencia en el uso de los recursos en educación, de cada 100 alumnos que ingresan a primaria 88 no culminan estudios de nivel superior. Además, que la inversión en educación media superior es estratégica tanto para la consolidación de la democracia y valores sociales, como en el avance de la economía nacional.

Indica que México muestra rezagos importantes en cuanto a la calidad de su educación, ya que los estudiantes de secundaria han fracasado sistemáticamente en las pruebas comparativas internacionales.

Según las evaluaciones de la OCDE, cuatro de cada diez estudiantes mexicanos no cuenta con la habilidad mínima de razonamiento lógico, ni con las destrezas necesarias para enfrentar los requerimientos analíticos elementales que presenta la vida cotidiana; además, cerca del 70 por ciento no tiene la capacidad necesaria para realizar inferencias matemáticas elementales, no son capaces de identificar los elementos básicos de un problema, y no tienen la habilidad para interpretar argumentos.

Estos resultados son alarmantes –señala el documento— pues indican que nuestro sistema educativo, por lo menos a nivel básico, está lejos de cumplir sus propósitos y metas más elementales.

Puntualiza que existen graves rezagos en cuanto a la población que cuenta con preparatoria, por lo que se plantea elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior y así lograr una cobertura creciente y sistemática tanto en este nivel como en educación superior. Se aclara que este proceso deberá ser gradual, con calidad y pertinenciapara que tenga los efectos esperados en el desarrollo social y económico.

Con esta propuesta se contribuye a la reforma integral del sistema de educación media superior, ya que extiende las facultades de la autoridad educativa federal en la determinación de los planes y programas de estudios de este nivel, con excepción de las instituciones a las que la Constitución otorga autonomía.

Los diputados consideran indispensable elevar a rango constitucional que el Estado (federación, estados, Distrito Federal y municipios) atienda de manera creciente la educación superior para la cobertura que permita a México ser más competitivo a nivel internacional.

Se plantea incluir en la Carta Magna que las instituciones particulares deberán acreditar criterios de calidad y pertinencia. Asimismo, se debe crear una ley secundaria específica para el otorgamiento del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para escuelas particulares, a fin de homogeneizar las normas y criterios para su otorgamiento.

Asimismo, derogar el Artículo Quinto Transitorio del Decreto para que el primer año de educación preescolar no entre en vigor en el ciclo escolar 2008-2009, y los niños de tres años de edad se atenderán en la modalidad de educación inicial.

Respecto al carácter obligatorio de la educación preescolar para niños de tres años, se advierte que no hay precedente en el comparativo internacional, pues si bien se tiene clara la importancia de la intervención pedagógica temprana en el desarrollo educativo de los niños, también se reconoce que la vía escolarizada, formal y obligatoria no es la única ni necesariamente la mejor para esta población.

Esta medida contribuye a evitar la afectación de los niños en su derecho a recibir educación y permitiría concentrar los esfuerzos en el mejoramiento de la calidad del servicio y en la ampliación de la cobertura de la población de 4 y 5 años.

Finalmente, enfatiza la importancia de estipular en la Constitución preceptos sobre calidad y evaluación educativa, que sirvan como guías para el desarrollo de las políticas públicas en este tema y como fundamento para los ajustes necesarios en la legislación reglamentaria.

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