Las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos analizan una iniciativa de reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de que no tenga valor probatorio la confesión rendida ante autoridad policiaca, el Ministerio Público, autoridad judicial o la que es desahogada en un juicio sin la asistencia del defensor y en su caso del traductor.

Esta propuesta del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (PRI) establece que cuando exista dificultad de certificar la tortura, deben considerarse como elemento fundamental para su comprobación aquellos casos en los que la detención o traslado de las personas se prolonguen por causas injustificadas.

Los policías, señala la iniciativa, deberán demostrar por qué no secanalizó al detenido de manera inmediata a la disposición de la autoridad competente.

El Estado estará obligado ainvestigar todos los alegatos de tortura de manera pronta, efectiva e imparcial y garantizar un examen médico, resalta.

Destaca quese agregue en el artículo sexto de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura que no se consideren como causas excluyentes de responsabilidad de este delito el combate al crimen organizado, así como cualquier otra circunstancia que ponga en peligro la dignidad física o psicológica de las personas.

Se propone que en la ley se estipule la obligación de aplicar en los casos de denuncias del delito de tortura, entodas las entidades sin excepción, las normas establecidas en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos Degradantes, conocido como Protocolo de Estambul.

Lo anterior, debido a la difícil tarea de comprobar que una persona ha sido torturada tanto física como psicológicamente por los métodos tan sofisticados que se utilizan para no dejar huella.

“El Protocolo de Estambul es un dictamen médico psicológico, considerado como una de las herramientas más eficaces para investigar, detectar y documentar casos de tortura, el cual fue creado en Estambul, mediante una reunión de especialistas en la materia y las directrices que lo conforman están reflejadas en la Organización de las Naciones Unidas”.

El Manual es reconocido como un estándar internacional que permite ser veraz en el análisis de la tortura, ofrece parámetros médicos y orientación para realizar la investigación de probables casos de crueldad por el Estado, destaca la iniciativa.

El diputado Vargas Landeros considera que el gobierno ha respondido con medidas aisladas a los sucesivos casos que existen sobre tortura, lo que ha permitido que persista este fenómeno sin un efectivo control de las autoridades.

En múltiples ocasiones elilícito no es atendido, ni investigado de forma correcta por parte de la autoridad competente, lo que propicia la difícil comprobación, con lo que se perjudica a las víctimas que la sufren, subraya.

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