En el 2004 los Centros de Readaptación Social tenían una sobrepoblación de 43 mil 15 reos, para diciembre de 2007 la cifra se incrementó a 55 mil 887. Las entidades en las que este problema se agudiza son: Baja California Sur, Baja California, Estado de México, Sonora y el Distrito Federal; este último registra el reclusorio preventivo varonil con mayor sobrepoblación de América Latina, con 10 mil 481 internos.

Ante ello, el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (PRI) presentó un punto de acuerdo para solicitar al secretario de Seguridad Pública federal que informe al Pleno sobre las acciones generadas y los resultados obtenidos en materia de dignificación de la calidad de vida de los internos recluidos en los Centros de Readaptación Social federales y locales.

La proposición turnada a la Comisión de Seguridad Pública destaca que existen más de 300 mil personas recluidas en Centros de Readaptación Social que viven en condiciones infrahumanas, claramente violatorias de sus derechos humanos, que vulneran las diversas convenciones y tratados internacionales signados por México.

Hace un llamado para que las autoridades responsables de la seguridad pública generen programas y acciones inmediatas para reorganizar el funcionamiento y la estructura interna de todos los Centros de Readaptación Social.

Manifiesta que es importante entender que la sobrepoblación impide la readaptación, además de generar corrupción, violencia, ilegalidad e impide que las personas, tanto internos, familiares y custodios puedan coexistir en condiciones mínimas que garanticen la dignidad de toda persona.

En varios reclusorios, denuncia el punto de acuerdo, los familiares de los reos pagan 100 pesos en la aduana de ingreso, 20 para pasar al lugar donde se encuentra el interno, 50 por las sillas y mesas en las que comen con los reos y una infinidad de tarifas por el ingreso de comida y otros bienes de uso personal.

Establece que mientras no se modernice el sistema penitenciario en el que la pena impuesta sea tal que efectivamente merezca el castigo de la reclusión y, a su vez, un medio eficaz para garantizar su reincorporación a la sociedad o su detención prolongada por el alto grado de peligrosidad, continuará anacrónico y disfuncional.

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