Al firmar el Pacto Nacional para la Protección de la Infancia en el Ámbito Legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, hizo un llamado a sus homólogos para hacer un frente en defensa de los derechos de los grupos vulnerables.

Convocó a las diputadas y diputados federales a visitar todos los estados del país para el rescate de estas garantías sociales. “Es indispensable hacerlo como un compromiso con los jóvenes, con los niños, pero sobre todo con el país”.

Dijo que este acuerdo permitirá trabajar conjuntamentecon los congresos locales para revisar y evaluar las leyes secundarias orientadas a la protección de los menores, contra la violencia intrafamiliar o las relativas a la distinción de género.

La diputada María Esperanza Morelos Borja (PAN), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, pidió a los legisladores crear políticas públicas que permitan el acceso a la justicia, a la igualdad de condiciones y oportunidades de este sector de la población.

Señaló que es imprescindible disminuir la vulnerabilidad que viven ciertos grupos de menores, como los hijos de sexoservidoras, de reclusas, los niños migrantes o que fueron víctimas de abuso sexual, a fin de mejorar su calidad de vida.

Morelos Borja reconoció que los infantes que sufren de abuso sexual, los niños en situación de calle y de migración, los hijos de reclusas o de sexoservidoras son estigmatizados y no cuentan con igualdad de oportunidades.

Afirmó que ese es el verdadero valor de realizar el seminario, que sirva como herramienta a fin de armonizar la legislación tanto a nivel federal, como estatal y de reglamentos.

La diputada Laura Rojas Hernández (PAN), secretaria de la comisión, indicó que al ser los menores uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad requieren una legislación especial; por ello este pacto tiene como propósito hacer un compromiso de coordinación para la armonización de los ordenamientos legales que protejan sus derechos.

“La firma de este pacto nos compromete a garantizar y enriquecer la protección de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes de México”, recalcó.

El diagnóstico que hoy se presentó, externó, tiene como objetivo hacer una reflexión sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las posibilidades de armonización legislativa a nivel internacional con nuestra Constitución y las leyes locales.

Se revisará, añadió, el marco jurídico que protege los derechos de este sector de la población y ver qué es lo que hace falta para avanzar en la armonización de dichas leyes, desde los ámbitos internacional, nacional y local.

Subrayó que se trata no sólo de reflexionar, también de lograr compromisos que hagan visibles los problemas que tienen los menores y, sobre todo, dar las soluciones legales acordes a nuestra época.

A su vez, Luis Antonio Huacuja Acevedo, responsable del proyecto Diagnóstico de Disposiciones Jurídicas Internacionales y su Armonización con el Derecho Interno en Atención a Grupos Vulnerables: Niñas, Niños y Adolescentes, enfatizó que el objetivo del estudio fue detectar las disposiciones internacionales que son convenientes incluir en la legislación mexicana.

Destacó que para la elaboración del diagnóstico, que se realizó por encargo de la comisión, se analizaron 17 instrumentos internacionales relacionados con la protección de los menores, “diversas leyes federales, en total 11, incluyendo la Carta Magna, así como 13 leyes estatales”.

Con este estudio se dotará a la comisión de las herramientas necesarias para crear una mejor legislación. “No se trata de igualar una disposición con otra, sino de establecer parámetros comunes para que sean incorporadas en las leyes federales”.

El Director de Vinculación y Gestión Estratégica del Sistema Nacional DIF, Diego Martínez Cantú, reconoció que sólo en la medida en que las instituciones que diseñan y operan la asistencia social estén en sintonía con quienes escriben las leyes, podrá haber una retroalimentación que fortalezca el trabajo de ambas partes.

“Trabajamos con varios programas que impulsan la comunicación de la familia como una herramienta conciliadora y preventiva, como el proyecto de prevención de riesgos psicosociales, a través del cual beneficiamos, en 2007, a 149 mil 192 niñas, niños y adolescentes”, determinó.

Enfatizó que los centros de asistencia infantil comunitarios (CAIC) y los centros asistenciales de desarrollo infantil (CADI) operan bajo el mismo principio. Los CAIC nos permitieron atender en 2007 a 89 mil 491 menores, a su vez los CADI a 48 mil 535.

Estos tres programas, continuó, comparten un objetivo común: evitar la violencia intrafamiliar, que sumada a la comunicación en el hogar es el tema más preocupante para los propios niños.

Martínez Cantú precisó que es fundamental proteger a los menores de todas las formas de abuso, maltrato, explotación y discriminación.

“Es una obligación para los Estados miembros de la comisión de los derechos de los niños y a pesar de que no hay indicadores cuantitativos para medir el avance en esta meta, existen programas federales dirigidos a erradicar estas prácticas”, sentenció.

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