La Comisión de Investigación para Conocer la Legalidad de los Contratos de Pemex Refinación de 1997 a la fecha, se reunió este jueves con el Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, quien afirmó que las investigaciones en torno al titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aún no concluyen, por lo que el reporte final se dará una vez terminadas las auditorías correspondientes.

El presidente del órgano legislativo, Antonio Xavier López Adame (PVEM), refirió que es del dominio público que el secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa Ivancar, siendo funcionario público, cinco convenios con Pemex Refinación para el transporte terrestre de combustible.

De igual forma, añadió, “Juan Camilo Mouriño afirmó, bajo protesta de decir verdad, que al signar los convenios no se encontraba bajo ningún supuesto del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones”.

Porello, señaló el diputado López Adame, debe quedar muy claro si existe o no alguna responsabilidad, o si hubo omisión por parte de Pemex al no verificar si Camilo Mouriño, al tiempo de ser representante legal de Ivancar, también era funcionario público.

Además, “queremos saber si el funcionario ha sido omiso al haber solicitado la autorización de la propia Contraloría para firmar como apoderado legal de Ivancar”.

Y es que, abundó, el órgano contralor del gobierno federal, desde que se identificaba como Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) hoy Secretaría de la Función Pública, ha sido omiso y demasiado permisivo en torno a la legalidad de convenios con transportistas.

En respuesta, el titular de la Función Pública refirió que no se han agotado las investigaciones y que sería irresponsable adelantar conclusiones cuando aún no se tienen. “Estamos trabajando en ello y el proceso nos lleva algún tiempo para dar respuesta. Tenemos que esperar el análisis y la confronta de documentos”.

A su vez, el diputado Antonio Valladolid (PAN) cuestionó si había violación a la Ley por las adjudicaciones de los contratos por parte de la empresa Ivancar y para cuándo tendrían listas las conclusiones de las auditorías y si se harán públicas.

En tanto, el también diputado del PAN, Obdulio Ávila Mayo, cuestionó si hay sanciones contra los que firmaron el convenio marco al que tanto se alude y que hoy afecta a Pemex y cuál fue la opinión que emitió el órgano interno de control respecto a los siete contratos firmados por Camilo Mouriño Terrazo.

Raúl Cervantes (PRI) preguntó bajo qué condiciones Pemex-Refinación firmó el convenio marco con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), toda vez que había amparos de por medio, interpuestos por la empresa y en este sentido, solicitó a la dependencia toda la información referente.

Miguel Ángel Jiménez Godínez (Nueva Alianza) pidió que se aclare el nivel jerárquico del acuerdo marco de Pemex-Refinación, en término de leyes. Conocer si hay un acto de excepción de la Ley de Adquisiciones y cómo ha resuelto la Suprema Corte el caso de los amparos.

“Quisiera preguntarle también cuál es el momento procesal de la investigación en contra del Secretario de Gobernación. Si nos pudiera decir si hay alguna observación directa a la empresa Ivancar y si ese es el caso, si fue o no atendida.

Armando García Méndez (Alternativa) hizo referencia en cuanto a que si los contratos de Pemex-Refinación estaban encuadrados en la corrupción.

Al dar respuesta a los cuestionamientos, el funcionario señaló que el momento procesal de la investigación está en el periodo de la auditoría, “porque nuestra intención es mantener abierto el proceso hasta que los diputados puedan terminar su trabajo a fin de incorporarlo”.

Explicó que de cerrar la instrucción y las conclusiones, ya no habría forma de incluir el informe que emita la comisión investigadora.

Insistió en que la prestación de servicios de transporte terrestre de productos derivados del petróleo, se ha realizado bajo la modalidad de adjudicación directa, misma que tiene sustento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

No obstante, dejó claro que la existencia de un convenio marco no exime del cumplimiento estricto de las disposiciones de la ley en la materia. El artículo 134 de la Constitución orienta los procesos de contratación hacia las licitaciones, siempre y cuando se asegure las mejores condiciones para el Estado.

“No quiero descalificar ninguna modalidad, ni tampoco enaltecer las licitaciones, son procesos que en sí mismos, no son el fin, son mecanismos para que el Estado obtenga las mejores condiciones. Nuestra opinión ha sido, desde el inicio, que deberíamos transitar hacia una licitación, sin embargo, ha sido difícil y pedregoso el camino por las inconformidades”.

En su mensaje inicial, Vega Casillas explicó que desde marzo de 1993 se firmó un convenio entre Pemex Refinación y la Canacar con vigencia ilimitada, a partir de ese convenio, añadió, todas estas contrataciones, incluidas las de Ivancar, han sido por periodos anuales y por adjudicación directas y terminarán a finales de 2008.

“Nosotros estamos revisando todo este proceso para determinar si hubo o no alguna ilegalidad. En este momento de las investigaciones no tenemos ningún indicio de que haya alguna irregularidad en este convenio marco”, subrayó.

Concluyó que en el tema que ocupa a la comisión, de 1997 a la fecha se tiene reportada la realización de 66 auditorías en Pemex refinación, pero únicamente en cuanto a contratos, las cuales han generado 196 observaciones.

“La dependencia a mi cargo no contempla privilegios ni concesiones para nadie. Tenemos la instrucción precisa del Presidente Felipe Calderón para actuar sin vacilaciones o salvedades y ser estrictos y firmes con el marco que rige nuestra actuación.

“No exoneramos o culpamos por consignas, tampoco investigamos personas, sino hechos y nos regimos por normas y procesos establecidos”, subrayó.

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