Con 393 votos a favor, el Pleno Camaral aprobó reformas a la Ley General de Población, para despenalizar la migración, con el fin de que la internación indocumentada en el país sea considera una falta administrativa, y como tal sea atendida y sancionada.

Las reformas derogan los artículos 119, 120, 121, 122, 123 y 124, mismos que establecían penas que van de los 18 meses a los 6 años de prisión, mientras que en los artículos 118 y 125, se elimina la pena de hasta 10 años de cárcel.

Se prevé imponer multa de 20 a 100 días de salario mínimo al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente sin un acuerdo de readmisión; no exprese u oculte su condición para que se le autorice nuevo permiso.

Igual multa se impondrá al extranjero que realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a esta ley o al permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado.

Precisa que al extranjero que haga uso de un documento falso o alterado, o que proporcione datos falsos al ser interrogado por la autoridad con relación a su situación migratoria, se le impondrán las sanciones previstas en el Código Penal Federal.

Las modificaciones también buscan imponer multa hasta de 100 a 500 días de salario mínimo al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objetivo de que éste pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que la ley establece para estos casos.

Al fundamentar, el diputado José Nicolás Morales Ramos (PAN) señaló que “no es un crimen ser migrante y mucho menos buscar mejores oportunidades”.

Agregó que las reformas buscan despenalizar la migración, suprimir las penas de cárcel, abrir canales y caminos para la regularización, respetar los derechos humanos de los migrantes y poner la legislación en sintonía con los tratados internacionales.

El diputado José Jacques y Medina (PRD) precisó que el trato que en los últimos 34 años han tenido los migrantes que cruzan en el país, es distinto a lo que solicitan las autoridades nacionales al gobierno de Estados Unidos, de ahí, que se aplauden las reformas.

José Edmundo Ramírez Martínez, del PRI, mencionó que despenalizar la migración es algo que desde hace siete legislaturas se estaba trabajando, y que ahora en la LX Legislatura se efectúo para demostrar al mundo que en México se fortalecen los derechos humanos.

Por Convergencia, Alejandro Chanona Burguete expuso que se puede afirmar sin ningún regateo que se está dispuesto a dar en México lo que se exige para los connacionales en Estados Unidos.

La diputada Irma Piñeyro Arias (Nueva Alianza) mencionó que hoy se actualiza la política migratoria del Estado mexicano, su marco legal y normativo, para discriminalizar la migración en el país y terminar con la vulnerabilidad a la que están expuestos los migrantes.

Participaron los diputados del PRD, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.

Adecuaciones a la legislación de Sonora

En votación económica, se aprobó un acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Sonora realice las adecuaciones necesarias a su legislación en materia electoral, a fin de sentar las bases que logren una homogenización en el actuar de las autoridades electorales y los límites legales a los deben estar sujetos los actores del proceso comicial.

La propuesta de la Junta de Coordinación Política, pide también se cumpla la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 18/2005 y realice una nueva distritación electoral en ese estado, atendiendo al criterio demográfico o poblacional.

Controversia constitucional

Se avaló exhortar al Ejecutivo federal a iniciar una controversia constitucional en contra del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulum 2006-2030, el cual fue aprobado el 5 de junio de 2007 por el cabildo del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y publicado en el periódico oficial de dicha entidad el 9 de abril de 2008.

Lo aprobado indica que el gobierno estatal, apoyándose en una concesión que el gobierno federal le hizo, enajenó las tierras a privados, lo que ha traído como consecuencia una serie de controversias entre autoridades federales, estatales y empresarios, que han ido poco a poco construyendo diversos complejos turísticos, dentro de la Zona de Monumentos Arqueológicos y del Parque Nacional de Tulum.

Precisa que el Programa de Desarrollo Urbano contempla la posibilidad de permitir, en caso de que un juez federal así lo determine, el derecho de construcción por parte de particulares dentro del Polígono protegido de Tulum, vulnerando con ello el futuro y patrimonio de la zona.

Comunicaciones

Del diputado con licencia, Delber Medina Rodríguez (PAN) se conoció comunicación por la que informa su reintegración a los trabajos como legislador a partir de la sesión del 29 de abril.

A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública se mandó informe de la Coordinación Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, sobre los ingresos netos obtenidos en flujo de efectivo correspondientes al periodo enero-marzo, comparado con el presupuesto original.

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