El diputado Francisco Javier Santos Arreola (PRD) propuso que los candidatos a puestos de elección popular, así como a la Presidencia de la República, registren sus ofrecimientos de campaña ante el IFE, a fin de sancionar a quienes no las cumplan una vez que asuman su cargo.

Pidió que el propio titular del Ejecutivo registre sus propuestas y en cada Informe de Gobierno dé cuenta de cómo las está realizando y de qué manera se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo.

En una iniciativa de reformas a diversas disposiciones legales, presentada en la Comisión Permanente, plantea que el Instituto Federal Electoral dé seguimiento a esos compromisos y que sus resoluciones tengan carácter vinculatorio, a fin de que quienes incumplan no vuelvan a ocupar un cargo de elección popular.

“Bastará con la denuncia de los hechos ante la autoridad electoral, ofrecer las pruebas de que el candidato hizo un ofrecimiento y, por lo tanto, estará obligado a cumplir o a enfrentar las consecuencias, en cuanto a responsabilidades de los servidores públicos”, enfatizó.

Añadió que es común escuchar promesas que los candidatos hacen “con el ánimo de ganar el voto ciudadano”, por lo que quienes contienden en una elección deben realizar estudios pertinentes antes de hacer ofrecimientos.

Dijo que se busca sentar un precedente para los estados de la federación, a fin de eliminar prácticas dañinas para los ciudadanos y la política.

“Nosotros somos representantes del pueblo y es al que tenemos que rendir cuentas y estar sujetos a su escrutinio; político que no cumpla sus promesas no merece la confianza del ciudadano”, enfatizó.

Añadió que de prosperar esta reforma “se podrá exigir a quienes estén en puestos públicos que sean hombres y mujeres de palabra y no defrauden más la confianza del ciudadano”.

La propuesta, remitida a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, plantea modificar los artículos 38 párrafo 1 inciso j); 39; 42 párrafo 2 inciso f; 116 párrafo 2; 118 párrafo 1 incisos, n) y w); 122, párrafo 1 inciso b 222, párrafo 1 y 2, del Cofipe.

Además, el artículo 6; 14, fracciones II y VI; 18 y 29; de la Ley de Planeación, así como la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

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