El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez, cuestionó la situación que guardan las Cuentas Públicas de 2002, 2003, 2004 y 2005, toda vez que a la fecha no se ha presentado un solo dictamen.

En este sentido, indicó, el órgano legislativo que preside presentará ante el Pleno, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, un informe relativo a la Cuenta Pública de 2006.

Explicó que los legisladores y la sociedad en su conjunto están obligados a conocer el ejercicio de los recursos aplicados en el sexenio del ex Presidente Vicente Fox Quesada, por lo que el posicionamiento obligaría a la revisión y dictaminación de los ejercicios fiscales anteriores.

Subrayó que de acuerdo con las nuevas reformas en materia de fiscalización, la Comisión que preside tiene la facultad de presentar un informe detallado de la revisión de la Cuenta de 2006, independiente del dictamen de la Comisión de Presupuesto.

Por otra parte, Ortega Martínez manifestó que a partir de la próxima semana, la Comisión de Vigilancia dará inicio al análisis del informe del Auditor Superior, Arturo González de Aragón, respecto de la Cuenta Pública 2006.

Para ello, precisó, se instalarán cuatro mesas de trabajo: la primera, correspondiente al sector financiero, finanzas públicas y funciones de gobierno.

La segunda mesa, a efectuarse el 21 de mayo, corresponderá al sector de desarrollo económico; la tercera, cuya fecha de instalación será el 28 de mayo, versará sobre los fondos transferidos a estados y municipios; finalmente, el 4 de julio, se analizará el sector de desarrollo social.

Indicó que posteriormente se elaborarán las conclusiones que serán remitidas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Ortega Martínez afirmó que de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior, los entes auditados y que registraron irregularidades están dentro del plazo de 45 días hábiles a partir del 28 de marzo, para justificar sus faltas ante la ASF y presentar la documentación comprobatoria suficiente para solventar las observaciones.

De no hacerlo en el tiempo previsto, advirtió, la ASF procederá a solicitar a las instituciones correspondientes que inicien los procedimientos para fincar responsabilidades administrativas, resarcitorias o, en su caso, presentar las denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República.

El legislador perredista recordó que a la Cuenta Pública de 2006 le fueron practicadas 754 auditorías y hubo cuantificación monetaria que ascendió a 33 mil 187 millones de pesos, monto que no necesariamente constituye daño patrimonial al erario o para el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Explicó que el informe que hoy se entrega a la Cámara de Diputados es el resultado de la práctica de 754 auditorías, de las cuales 72 fueron de desempeño, 615 de regularidad, 57 especiales, 8 de seguimiento y 2 revisiones de situación excepcional.

Abundó que el pasado 27 de marzo, el Auditor González de Aragón indicó que fueron 138 los entes fiscalizados, entre ellos 98 dependencias y entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 3 órganos autónomos, 5 universidades públicas y las 31 entidades y el Gobierno del Distrito Federal.

Mencionó que de dichas revisiones se determinaron 7 mil 182 observaciones, las que generaron 8 mil 131 acciones promovidas, 6 mil 665 fueron de carácter preventivo y las restantes mil 476, de naturaleza correctiva.

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