La Comisión de la Función Pública analiza un punto de acuerdo suscrito por los diputados Pablo Trejo Pérez y Andrés Lozano Lozano, del PRD, por el que se solicita que la Secretaría del ramo investigue el caso de la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación, SA, hoy, Operadora Unefon, SA de CV.

Ambos legisladores solicitan también la comparecencia del titular de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, a fin de que informe sobre los actos y omisiones en que incurrieron servidores públicos.

En particular, señalan al actual secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien estuvo al frente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y que llevó al gobierno federal a pagar la cantidad de 550 millones de pesos a la citada empresa.

Asimismo, solicitan que informe de las previsiones y el seguimiento de la demanda interpuesta por Unefon a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el pago de otros 3 mil 57 millones de pesos por concepto de intereses.

Los diputados Trejo Pérez y Lozano Lozano demandan de igual forma que la Cámara de Diputados solicite la inmediata renuncia del secretario del Trabajo, toda vez que, señalan, existen elementos suficientes para determinar su probable responsabilidad como servidor público y daño al erario, cometido en su gestión al frente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Trejo Pérez relató que en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, la ASF constató que Unefon resultó ganadora de 18 títulos de concesión que amparan 27 bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico por lo que debía pagar, incluido el impuesto al valor agregado, 3 mil 14 millones, 40 mil 700 pesos.

Agregó que de acuerdo con el procedimiento correspondiente, la empresa estaba obligada a pagar el 20 por ciento de la cantidad indicada dentro de los 30 días siguientes a la emisión del fallo del Pleno de la Cofetel, en tanto que el 80 por ciento restante sería cubierto en los 90 días hábiles siguientes.

Trejo Pérez explicó que la primera de las obligaciones fue debidamente observada, al acreditarse un pago por 524 millones 181 mil pesos, sin embargo, añadió, al no poder cubrir el saldo total a su cargo, la empresa solicitó a la Cofetel una prórroga de 180 días.

La cuestión medular, dijo, es que el pleno de la Cofetel, en ese momento encabezada por el ahora secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, mediante acuerdo del 29 de septiembre de 1998, indebidamente resolvió otorgar al solicitante la prórroga requerida, por un plazo adicional de hasta 180 días naturales.

Además, condicionó la prórroga al pago de intereses que se generaran sobre el saldo insoluto del 80 por ciento de la contraprestación.

En estas condiciones, aseveró, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la actuación del pleno de la Cofetel y, de su entonces presidente, Javier Lozano Alarcón, vulneraron la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

“En el análisis documental realizado por la ASF, se obtuvo que el 29 de septiembre de 1998, Unefón solicitó a Cofetel retirar la exigencia del pago de intereses tras la prórroga, aduciendo ilegalidad en el cobro de los mismos”.

Al mismo tiempo, explicó el diputado, Unefon solicitó la devolución de su anticipo; solicitudes que fueron reiteradas por escrito del 6 de septiembre de 1999.

De acuerdo con el documento turnado a la Comisión de la Función Pública, previamente, el 26 de marzo de 1999, Unefon solicitó directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una segunda prórroga para cubrir el saldo insoluto, que en esa fecha ascendía a 2 mil 96 millones, 724 mil pesos, más IVA, equivalentes al 80 por ciento de la contraprestación más los intereses por 453 millones 681 mil 300 pesos.

No obstante la inconformidad manifestada por la empresa respecto del pago del anticipo, el 29 de marzo de 1999 la segunda prórroga también fue concedida, nuevamente con la participación determinante del entonces presidente de la Cofetel Javier Lozano, y, del mismo modo, se condicionó al pago de intereses sobre saldos insolutos a que tenía derecho el gobierno federal. “Otra vez las autoridades actuaron completamente al margen de toda disposición legal”.

El 6 de septiembre de 1999, Unefon solicitó a la SCT que le informara los fundamentos y las razones por las cuales la Cofetel le exigía el pago de la contraprestación con intereses, obteniendo respuesta de esa dependencia el 14 de septiembre del mismo año, en el sentido de que debía sujetarse a los términos de la resolución en la que se determinaba el pago de intereses.

En tal virtud, el 6 de octubre de 1999, Unefon interpuso un recurso de revisión ante la propia SCT e impugnó directamente el pretendido cobro de los intereses.

La SCT desechó el recurso y notificó de esto a Unefon el 11 de febrero de 2000, es decir, cinco días después de vencido el plazo de cuatro meses que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para que la autoridad resuelva los recursos.

El retraso en la notificación generó que la empresa promoviera juicio de nulidad ante la Primera Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El resultado del juicio fue una sentencia favorable a los intereses de Unefon.

En este orden de ideas, abundaron los diputados Trejo Pérez y Lozano Lozano, el 1 de agosto de 2006, la SCT reconoció la ilegalidad del cobro de los intereses y el 29 de noviembre de 2006, el entonces titular de esa dependencia, Pedro Cerisola, devolvió a Unefon 550 millones de pesos, quedando a deber 46 millones más de un monto total de 596 millones pagados originalmente, los cuales se incrementaron a poco más de 3 mil 50 millones por la actualización de intereses.

Lozano Lozano agregó que la actual administración a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha negado a cubrir a Unefon los 46 millones de pesos restantes, así como los intereses moratorios y actualizaciones generadas; habiendo solicitado a la autoridad competente la revisión del expediente.

No obstante, agregó, la Auditoría Superior de la Federación ha determinado que la devolución de intereses a la empresa Unefon fue procedente, en virtud de la determinación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

“De los hechos se desprende que presuntamente hubo una indebida gestión del actual secretario del Trabajo mientras presidió la Cofetel y, además, es incontrovertible que la indebida fijación de intereses a cargo de la empresa Unefon, representa un severo detrimento en el erario público”.

“Es innegable que esta situación no habría acontecido, si los funcionarios a cargo de la Cofetel en aquel tiempo, hubiesen actuado conforme a las normas jurídicas rectoras de su función. Tales decisiones equívocas e ilegales, tomadas entre los años de 1998 y 1999, podrían hacer a tales funcionarios presuntos responsables de la devolución por un monto de 3 mil 57 millones de pesos a operadora Unefon”, concluyó Pablo Trejo.

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