A dieciséis años de la reforma al artículo 27 constitucional y a la legislación agraria secundaria, para la mayoría de los campesinos de no mejoraron sus condiciones de vida, ni su producción, ni sus ingresos.

Lo que aumentó, se subraya en la exposición de motivos de la iniciativa que reforma la Ley Agraria de 1992, fue la migración, principalmente de los jóvenes del campo hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.

En la propuesta presentada a organizaciones campesinas por la Comisión de la Reforma Agraria, que preside el diputado Ramón Ceja Romero (PAN), se menciona que dentro de la realidad actual del campo, sobresalen procesos como el envejecimiento de los titulares de los Ejidos.

Esto aunado a la falta de acciones para que los jóvenes puedan acceder a la tierra y con ello propiciar su arraigo, el relevo generacional y la reducción de la emigración.

Se añade que la acumulación de antiguos y nuevos conflictos agrarios, que incluso ha llevado a la Cámara de Diputados a asignar mayores recursos al Ejecutivo para que pueda dar atención a los llamados focos rojos, denota que tampoco en este rubro se logró satisfactoriamente lo esperado con la reforma de 1992.

Es por ello que la Comisión analiza reformar la Ley Agraria, a fin de otorgar mayor certidumbre jurídica en los derechos derivados de la propiedad social; como en los casos de transmisión y enajenación, o diversas formas contractuales de comprometer los derechos agrarios de ejidatarios, comuneros y posesionarios entre sí o con pequeños propietarios.

También se plantea que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) promueva el aprovechamiento conjunto de tierras, para propiciar la reorganización de los productores, facilitar el acceso al crédito y mejorar la productividad de la tenencia y explotación de la tierra.

Se trata, explicó Ceja Romero, de darle más facultades a los ejidatarios para que puedan promover la participación de la iniciativa privada sin que se vean perjudicados.

Además se establecen medidas para ampliar y fortalecer la Organización Social en el sector agrario.
La iniciativa busca contribuir a eliminar los viejos vicios en que han caído gran parte de las organizaciones de productores, como la perpetuación de las dirigencias y el manejo discrecional que éstas hacen de los bienes y derechos de la organización.

Para ello se definen las organizaciones agrarias con personalidad jurídica; se establecen los principios organizativos con base en los cuales han de integrarse y funcionar, los requisitos de constitución, estructuras, normas internas o estatutos, derechos y obligaciones de los socios y formas superiores de integración de las figuras básicas en sociedades de segundo y de tercer nivel.

Al respecto, representantes de organizaciones campesinas manifestaron su preocupación porque las modificaciones planteadas propicien la privatización de la tierra.

Agustín Correa, de la Central Campesina Cardenista, y Jesús Pérez, de la Alianza Nacional Campesina, expresaron que la Ley Agraria vigente que reglamenta el artículo 27 constitucional “es una de las primeras reformas que impulsó el modelo neoliberal para dar los primeros pasos en la privatización de la tierra”.

Agustín Correa expresó que la figura de asociación puede dar pauta para que se agudice o se facilite el proceso de privatización del Ejido. “Tenemos que tener mucho cuidado para que esto no ocurra”.

Participaron en el encuentro la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina Cardenista yAlianza Nacional Campesina, entre otras.

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