En México, uno de cada 10 ejecutados es policía, por lo que han muerto en estas circunstancias 108 agentes (federales, estatales y municipales) y 12 soldados, señaló el diputado Jesús Ramírez Stabros (PRI).

Indicó que durante el sexenio han fallecido más de 3 mil 600 personas por crímenes atribuidos a la delincuencia organizada y que en este año ha habido un promedio de 8 muertos diarios, es decir, un cadáver cada 3 horas.

A través de un punto de acuerdo que será presentado en la Comisión Permanente, precisa que la ola de ejecuciones de la última semana enciende la luz roja, ya que se alcanzó la cifra de 108; 74 de ellas en Sinaloa, Guerrero y Chihuahua.

Dice que entidades antiguamente totalmente seguras, como Aguascalientes y San Luis Potosí, ya expresan denuncias públicas de presencia de los temidos zetas, sicarios de los narcotraficantes, lo que ha llevado a varios investigadores a alertar sobre el mal llamado fenómeno de la colombianización.

Ramírez Stabros refiere que el reciente asesinato de Edgar Eusebio Millán Gómez, Coordinador Regional contra el crimen organizado de la Secretaría de Seguridad Pública, además de denotar que los delincuentes actúan de manera selectiva, puede evidenciar una probable infiltración en las estructuras policiacas, “es preciso investigar y cortar de tajo, en aras de garantizar gobernabilidad y paz social”.

Menciona que muchas poblaciones se han dado a la tarea de adquirir, legal o ilegalmente, armas de fuego, para defenderse del incremento de la violencia, lo que también refleja una mayor pérdida de confianza en las instituciones públicas para resolver la problemática.

El diputado del PRI puntualiza que ante la ola de violencia que vive el país, es necesario que el Ejecutivo Federal, por conducto de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad Pública, evalúen la estrategia seguida y tomen las decisiones necesarias para reducirla de forma urgente.

Expresa que son varios los frentes que obligan a repensar la estrategia seguida en el combate a la violencia, ya que pasa desde las acciones que se han tomado en el sistema carcelario, la necesidad de diagnosticar la situación real de las policías y de los ministerios públicos.

Indica que entre los puntos pendientes se encuentra la falta de información para operar el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública que, a pesar de estar contemplado en la Ley, se encuentra inmóvil.

“Sólo dos estados del país han proporcionado datos que impidan que los policías suspendidos por corrupción puedan ser contratados en otras entidades o reciban un seguimiento puntual que detecte cuando son reclutados al servicio de las redes del crimen”.

Finalmente Jesús Ramírez reconoce y respalda al Ejército Mexicano y a los cuerpos de seguridad que actúan con patriotismo y compromiso para devolverle al país condiciones de tranquilidad, que alejen la amenaza y el miedo que se está volviendo habitual en muchos lugares.

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