Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (PAN), secretaria de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, afirmó que los 49 Tribunales Agrarios que existen en el país son insuficientes para atender la creciente demanda de más de 70 por ciento de juicios interpuestos por campesinos ante la falta de personal, lo que origina rezago en la impartición de justicia.

Explicóque el crecimiento en la demanda del servicio que prestan los Tribunales Agrarios responde a nuevos conflictos en el medio rural derivados del cambio climático, daño ecológico, renta o venta de tierra ejidal, además del tradicional relacionado con la tenencia.

Por lo que es necesario, añadió, instalardiez nuevos Tribunales Agrarios a nivel nacional para combatir el rezago y garantizar justicia agraria a millones de campesinos, ya que se registran demandas en contra de importantes empresas privadas y gubernamentales por afectaciones que generan a la tierra;en este caso se encuentran La Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua y Petróleos Mexicanos.

La legisladora indicó que los juicios en contra dichas compañías gubernamentales están relacionados con contratos atípicos y daños ambientales, y las demandas en contra de empresas privadas se centran en contratos agroindustriales irregulares, fideicomisos en los que se da en custodia la tierra, o bien acuerdos de arrendamientos por más de 90 años, impidiendo al campesino beneficiarse de su propiedad.

Medina Rodríguez se pronunció a favor de asignar más recursos presupuestales a esta instancia, a fin de responder a los requerimientos de ejidatarios, comuneros e indígenas. “En la medida en que disminuya el rezago en la impartición de justicia agraria podrá alcanzarse la equidad en el medio rural y abatir así la pobreza, la ignorancia y la marginación”, dijo.

Señaló que los Tribunales Agrarios son una herramienta indispensable para administrar un derecho social, el cual está enmarcado en el artículo 27 constitucional y ante este panorama es urgente la creación de nuevas sedes que impartan justicia agraria ya que la nueva dinámica del campo mexicano así lo requiere.

Agregó que se debe trabajar en la formación de defensores bilingües para que pueda alcanzarse a todo el universo de la sociedad rural, incluidas las comunidades indígenas que hablan algún dialecto y por tanto están imposibilitados para defender su derecho a la tierra.

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