A través de una iniciativa, el diputado Erick López Barriga (PRD) propone un tercer periodo ordinario de sesiones, a fin de incrementar a 9 meses el tiempo de los trabajos legislativos.

La iniciativa plantea que los periodos de sesión sean del primero de septiembre al 15 de diciembre, el segundo, del primero de febrero al 30 de abril y el tercero, del primero de junio al 15 de agosto.

El documento señala que aumentó el número de iniciativas y puntos de acuerdo que por no haber sido atendidos en tiempo y forma provocan un grave rezago legislativo, el cual viene de varias legislaturas. Tan sólo en la LX se han presentado 266 iniciativas en 35 sesiones plenarias, 7.5 en promedio por cada sesión.

“El aumento fue de 135 por ciento respecto al mismo periodo de la legislatura anterior, pasando de 113 a 266 y de seguir así no sólo rebasará el ya inédito récord de la LIX, sino que podrá rebasar los cuatro millares”, indica.

Menciona que la situación resulta preocupante por no ser dictaminadas a tiempo, pues muchas iniciativas corren el riesgo de convertirse en parte del rezago legislativo y con ello acumular aún más pendientes que limitan la eficacia del Congreso. “No sólo se trata de presentar un mayor número de iniciativas, sino de mejorar la calidad de todo lo que implica el trabajo legislativo”, dice.

Explica que el Poder Legislativo ha cobrado en las dos últimas décadas un papel cada vez más protagónico y proactivo, lo que supone nuevos retos que ya no es posible afrontar con las prescripciones que antaño tal vez resultaron adecuadas y hasta vanguardistas. Resulta extraño que si los poderes Ejecutivo yJudicial laboran en periodos anuales, el Congreso lo haga en dos periodos de sesiones ordinarias que suman sólo seis meses y medio.

“La demanda ciudadana por mayor eficiencia legislativa impulsa el cambio de las viejas prácticas y los modelos obsoletos; por ello el Congreso debe adaptarse para responder a sus votantes y servirles con mayor eficiencia”, considera.

Para ello se busca reformar los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4 y 6 de la Ley Orgánica del Congreso General.

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