·Dejaríamos de construir 3 mil aulas con multimedia si se paga deuda a Unefon: Ortega Martínez

La deuda de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) responsabilidad de Petróleos Mexicanos, asciende a dos billones 177 mil 209.8 millones de pesos, misma que debe pagarse en 2030, lo cual implica un riesgo financiero.

Así se advierte en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, leído porRoberto Michel Padilla titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de Auditoría Superior de la Federación, y se precisa que Pemex no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la contratación, ejecución y desarrollo de los proyectos PIDIREGAS.

Añade que de acuerdo al perfil del vencimiento de deuda previsto en el PEF 2006, a partir de 2016 no se tendrían recursos por explotación de hidrocarburos para pagar la deuda restante a 2030, que ascendería a 434, 936.7 millones de pesos.

Indica que en la revisión de comprobación de la concesión otorgada a Unefon, se determinaron diversas irregularidades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dice que la devolución de recursos por tres mil 57 millones cien mil pesos afectaría las finanzas públicas.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez (PRD) dijo que en el tema de Unefon una nota destacable está ligada a una posible sentencia de un Tribunal Administrativo que condenará al gobierno mexicano a pagarle al dueño de Unefon,Ricardo Salinas Pliego, una cantidad de más de 3 mil millones de pesos.

Precisó que en el presupuesto del próximo año, posiblemente el Estado mexicano dejará de invertir para la construcción de más de 3 mil aulas equipadas con multimedia que darían servicio a niños de zonas marginadas entre 130 mil y 140 mil niños, producto de la sentencia.

Indicó que la Auditoría Superior encontró en la revisión a comunicaciones y transportes que otorgó sin tener facultades prórrogas para el pago de licitaciones de contenciones de banda ancha a Salinas Pliego, excediéndose en 264 días naturales por encima de la convocatoria.

Abundó que sin tener facultades establecieron pagos de intereses a la empresa que no pudo cumplir con los términos de la convocatoria. “Evidentemente la Cofetel, SHCP y la SCT dieron su aval para esta prórroga y para el cobro de intereses”.

Ortega Martínez puntualizó que tales decisiones le darán a Unefon la recuperación de los intereses que inicialmente habían sido pagados, por lo que para la Auditoría y para todos está claro que se incumplieron las bases de la licitación.

“Tal parece que la policía comercial de abonos chiquitos y pagos fáciles de Ricardo Salinas, la adoptó Javier Lozano, actual Secretario del Trabajo, y aunque se le ocasionó un gran daño al Estado puede no tener sanción, ni realizarse ninguna acción judicial para retirarle la concesión a Unefon”.

Añadió que atendiendo el principio de que el que viola la moral puede violar la Ley, “la salida inmediata es solicitarle al Secretario del Trabajo la renuncia al cargo público que detenta y solicitarle a Gurría, hoy presidente o director de la OCD, venga al país y que dé la cara y reconozca el daño y si puede resarcirlo”.

En la segunda mesa de trabajo “Funciones de Desarrollo Económico” de la Revisión de la Cuenta Pública 2006, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández (PAN) cuestionó sobre el motivo por el que el Pleno de la Cofetel autorizó un plazo adicional a Unefon de hasta 180 días de prórroga, si no tenía facultades para esa autorización, dado que se estaba violando las bases de licitación.

Pidió a la ASF propuestas para mejorar estos procedimientos de licitación, dado que se ha generado una serie de anomalías que han afectado considerablemente las instituciones públicas.

El diputado Enrique Serrano Escobar (PRI), presidente de la Mesa de Trabajo “Funciones de Desarrollo Económico”, dijo que en México, la sola evidencia de conductas deshonestas o ilícitas por parte de funcionarios públicos, no es suficiente para depurar y mejorar la administración pública, “se requiere la consignación, la sanción y la reparación del daño”.

Señaló que existe la preocupación respecto a la actuación de la ASF por la gravedad de las irregularidades detectadas y la emisión, en algunos casos, de dictámenes favorables o la promoción de alguna recomendación, por lo cual se deben que revisar los términos en que se emitan.

Luz y Fuerza del Centro

Dolores María del Carmen Parra Jiménez (PAN) resaltó que la ASF ha establecido que la situación financiera de Luz y Fuerza del Centro es insostenible debido a que la estructura de sus pasivos laborales rebasa la generación. “Porque la Auditoría Superior de la Federación no realiza una recomendación más enérgica respecto a la recuperación de este tipo de ingresos considerando la delicada situación financiera que atraviesa Luz y Fuerza del Centro”.

El diputado Antonio Soto Sánchez (PRD) expresó que la ASF en su informe asegura que la Comisión Federal de Electricidad cumplió con el suministro de energía eléctrica, pero con un altísimo costo para el usuario, la empresa y en detrimento de las finanzas pública.

Cuestionó el porque gastar en los órganos de fiscalización, si no fincan responsabilidades administrativas, económicas ni penales a los servidores públicos que no cumplen con la ley y no ejecutaron correcta y transparentemente los recursos de las entidades.

En respuesta, José Miguel Macías Fernández, auditor Especial de Planeación e información dijo que la ASF atribuye a la elevada carga fiscal la rentabilidad de los proyectos a cargo de la paraestatal y la corta duración que hasta el momento existe en las reservas probadas de petróleo.

Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, señaló que este órgano no es complaciente con el Ejecutivo ni con nadie. “Buscamos la verdad y actuamos al límite de las atribuciones y facultades que otorga la ley”.

Añadió que la corrección de acciones compete a dependencias y entidades del Ejecutivo y al propio poder Legislativo a través del perfeccionamiento del marco jurídico.

Comisión Federal de Electricidad

Roberto Salcedo Aquino, Auditor Especial de Desempeño puntualizó que en 2006 la CFE cumplió su objetivo de asegurar el suministro de energía, ya que su capacidad instalada de generación fue superior y la cobertura del servicio eléctrico fue de 96.7, cuando el objetivo era de 97 por ciento

Añadió que se tiene un margen operativo de reserva del 18 por ciento para generar electricidad, tres veces más del estándar internacional y se solicitó la estimación cuantitativa del costo y beneficio de tener una capacidad instalada ociosa.

Previamente, el diputado Enrique Serrano Escobar (PRI) dijo que se emitieron mil 573 observaciones y que la cuantificación monetaria de éstas en los entes vinculados con funciones de desarrollo económico ascendió a siete mil 628.9 millones de pesos, monto equivalente al 22.9 por ciento del total observado durante dicha revisión.

Precisó que el impacto económico se concentró en tres sectores: energía, con 4 mil 123.4 millones de pesos, agricultura, ganadería y desarrollo rural, pesca y alimentación, con mil 212.1 millones de pesos, y comunicaciones y transportes, mil 084.8 millones de pesos.

Refirió que ASF realizó 200 auditorías a 42 entes públicos federales, lo que representa el 26.5 por ciento de las 754 revisiones efectuadas por la entidad de fiscalización en ese ejercicio.

Señaló que el sector que concentró el mayor número de revisiones fue energía. con 88, (44%), comunicaciones y transportes con 60 (30%), agricultura, ganadería y desarrollo rural, pesca y alimentación 16 (8%), medio ambiente y recursos naturales 12 (6%), economía 9 (4.5%), turismo 5 (2.5%), trabajo y previsión social, y reforma agraria 4 (2%) y ciencia y tecnología 2 (1%).

Precisó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la más revisada, con 34 auditorías, seguida por Pemex Exploración y Producción con 25, Comisión Federal de Electricidad 22, Petróleos Mexicanos y Aeropuertos con 11 cada una.

El titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión legislativa, Roberto Michel Padilla dijo que en la Comisión Federal de Electricidad el pago de jubilaciones en 2006 fue mayor en 6.7 por ciento al presupuesto original: en Luz y Fuerza del Centro la auditoría determinó que su sistema de jubilaciones es insostenible.

Mientras que en Pemex y sus subsidiarias el pasivo laboral a diciembre de 2006 representó el 37.7 por ciento del pasivo total del organismo y creció a una tasa media anual del 13.4 por ciento entre 2000-2006, superior a la tasa de crecimiento promedio de los ingresos totales.

Agregó que los proyectos en campos petroleros y aguas profundas, Pemex sólo destinó el 3.8 por ciento del gasto ejercido en 2006 en exploración de nuevos campos petroleros en aguas profundas del Golfo de México, y que se perforaron cinco pozos en aguas profundas entre el 2004 y 2007, y únicamente en dos casos se encontró flujo de gas seco.

Precisó que las auditorías al sector de comunicaciones y transportes determinaron que se dejó sin conservar 58.9 por ciento de la red de carreteras libres de peaje; no se atendió el 93.2 por ciento del total de requerimiento de construcción y tampoco se atendió el 85.3 por ciento de las necesidades de conservación.

En relación con la situación del campo mexicano, agregó, no se cuentan con indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos de los programas agrícola y ganadero, pero que a pesar de haber recibido cuantiosos recursos su contribución al Producto Interno Bruto ha declinado.

Resaltó que en Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CONAGUA no diseñó ni instrumentó los indicadores estratégicos para evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

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