Prohibir a diputados y senadores el desempeño de cualquier otro empleo, cargo o comisión pública o privada, de manera simultánea al quehacer legislativo, es uno de los propósitos de la iniciativa que pretende mejorar la estructura y funcionamiento del Poder Legislativo.

El documento que se analiza en las Comisiones de Puntos Constitucionales, y la de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias fue presentado por la presidenta de la Mesa Directiva, Ruth Zavaleta Salgado.

En México, aduce en la exposición de motivos, se necesita un régimen más estricto y explícito de incompatibilidades en la función de los legisladores, para evitar conflictos de intereses que puedan poner en peligro las decisiones en torno al interés público e impedir que los representantes populares distraigan su atención en ocupaciones ajenas a su encargo.

Zavaleta Salgado argumenta que la redacción actual del artículo 62 constitucional no excluye explícitamente la posibilidad de que senadores y diputados realicen otras actividades, con goce de sueldo o remuneración, en el sector privado, en grupos políticos o sociales, de carácter civil o asistencial.

Como consecuencia, agrega, algunos personajes han ocupado sus puestos para obtener beneficios para sí o personas allegadas en perjuicio de la federación, estados, municipios y de la sociedad en su conjunto.

Por lo anterior, la legisladora plantea que durante el periodo de su encargo, los diputados y senadores propietarios no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación, de las entidades federativas o de los municipios por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva.

Resalta que se prohibirá a los legisladores desempeñar actividades o percibir beneficios, ingresos, concesiones o prestaciones que sean incompatibles con el ejercicio de sus funciones.

En la iniciativa en cuestión, que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril, también se establece otorgar trámite especial, urgente o preferente a las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo federal.

El gobierno federal, precisa Ruth Zavaleta, tendrá derecho a presentar hasta dos iniciativas con el carácter de preferente, las cuales tendrán que discutirse y, en su caso aprobarse, a más tardar el día que concluya el periodo de sesiones ordinarias.

Subraya que las iniciativas relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación, así como al sistema electoral y de partidos no se considerarán de carácter preferente.

“En un escenario de gobierno dividido, en el cual el Ejecutivo no cuenta con la mayoría absoluta de su partido en las Cámaras del Congreso, se requiere adoptar los mecanismos que propicien una relación más fluida y eficiente entre los poderes que intervienen en el proceso de creación y perfeccionamiento del orden jurídico nacional”, sustenta la diputada.

Agrega que “existen temas en los cuales es necesario que el Poder Legislativo emita su opinión, pero es inadmisible que el Congreso congele iniciativas que son de suma importancia para la ejecución del plan de gobierno y se mantengan en comisiones sin emitir opinión alguna al respecto”.

Además, se plantea homogeneizar la duración de los periodos ordinarios de manera que ambos sean de 3 meses y medio cada uno; los periodos de la Comisión Permanente durarían 2 meses y medio.

Con ello se pretende organizar los trabajos de la agenda legislativa que deberá ser discutida en los periodos ordinarios para que, en los recesos, las comisiones elaboren los dictámenes y realicen los estudios necesarios respecto de las iniciativas presentadas por los legisladores.

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