El diputado Alfredo Ríos Camarena (PRI), presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), expresó que las iniciativas en materia energética que presentó el gobierno federal violan el espíritu y la letra de la Constitución y que en caso de aprobarse se debe de promover un recurso de inconstitucionalidad.

“El pueblo de México no va a permitir que transiten esas iniciativas, pero si así fuera, por supuesto que recurriríamos, si tenemos la mayoría necesaria o la minoría necesaria, por decirlo de otra manera, al recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, advirtió.

Explicó que este instrumento legal se avala con el 30 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras,en el caso de la de Diputados se requieren 166 legisladores.

Al referirse a la posibilidad de formar un frente de legisladores en defensa del patrimonio petrolero, el diputado expresó: “es un tema de patriotismo, no de partidos políticos, tiene que ver con toda la nación por encima del PRI, del PAN y del PRD y por eso creo que debemos reunirnos con quien entienda que no debe pasar una reforma en las condiciones que está propuesta”.

Consideró que la aprobación de la Reforma Energética no se realizará en un periodo extraordinario porque no está contemplado el tema, y que sería hasta septiembre cuando se dictamine y avale.

Ríos Camarena añadió que las adiciones a la Ley Federal de Derechos planteadas por el Ejecutivo son insuficientes para que Petróleos Mexicanos obtenga recursos que pudieran solventar los trabajos de exploración y explotación petrolera.

Subrayó que los legisladores esperaban un marco fiscal para resolver el problema del desarrollo petrolero y que sólo enviaron la regulación de los derechos, que se pagan cuando se extrae el petróleo.

El diputado priista aseguró que el régimen especial que se propone crear no representa una medida de carácter fiscal adecuada para canalizar recursos que fortalezcan las finanzas de Pemex, a fin de que lleve a cabo trabajos de exploración, búsqueda y localización de yacimientos o mantos y extracción del petróleo en Chincontepec y en aguas profundas del Golfo de México.

La única posibilidad de que la paraestatal contara con un marco de recursos financieros para estas actividades sería si la reforma recayera en el derecho ordinario sobre hidrocarburos, acotó.

En consecuencia, agregó, su pago y las deducciones correspondientes se efectuarán a partir del momento en que se inicie la extracción del petróleo, lo que configura para la empresa un horizonte financiero de mediano y largo plazo y significa que pueden pasar varios años para que se actualice la hipótesis legal de gravamen.

El legislador aclaró que la regulación en materia de derechos no sirve en este momento porque se aplicaría cuando se trabaje en la exploración y explotación en aguas profundas: “esto podría tardarse cinco, diez años o no llevarse a cabo nunca” y afirmó que se necesita una política fiscal agresiva para proporcionar a Petróleos Mexicanos mayores recursos para estas actividades.

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