La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, subrayó que el papel de los órganos fiscalizadores debe estar alejado de los vaivenes de la política y dejar de ser instrumento de uso partidario y de grupos para convertirse en uno de uso ciudadano.

Al inaugurar el Foro Fiscalización en Estados y Municipios: Retos y Soluciones, señaló que la actuación del Congreso de la Unión tiene que ver con modificar el paradigma del imperio de la ley por el de la rendición de cuentas y la fiscalización.

Destacó que no basta con cumplir la norma y la rendición de cuentas; es necesario que la actitud fiscalizadora sea un elemento ético, integrado a la conducta de todos los servidores públicos.

Indicó que es imprescindible fomentar, alentar y fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y la fiscalización de los órganos de gobierno desde el municipio y la delegación política, donde el ciudadano tiene contacto más cercano con la cuestión pública.

Dijo que es precisamente en el nivel municipal y delegacional donde la misma democracia puede y debe afirmar la rendición de cuentas y la fiscalización de los órdenes de gobierno.

“Hoy más que nunca, los gobiernos locales tienen mayor responsabilidad al tener contacto inmediato y constante con sus ciudadanos”, enfatizó.

Puntualizó que la fiscalización debe tender a esclarecer los recursos humanos y materiales, hacerlos eficientes, detectar dónde falla la institución, descubrir sus cualidades y defectos y, un elemento final, hacer partícipes a los ciudadanos del ejercicio de gobierno.

Propone ASF modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal

En el evento, organizado por la Subcomisión de Vigilancia de Transferencias Federales a Estados y Municipios, Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), afirmó que es necesaria una reforma que mejore la Ley de Coordinación Fiscal para evaluar el desempeño de los Fondos Federales y el impacto que tienen en la sociedad.

Añadió que la actual ley no prevé indicadores de resultados que coadyuven a realizar la evaluación de dichos fondos asignados a estados y municipios, “los cuales no han sido objeto, desde su creación, de una evaluación crítica que actualice y oriente las estrategias que los conforman”.

Coincidió en que la fiscalización superior debe quedar fuera de la lucha partidista y no ser utilizada como arma de la contienda política.

Se pronunció por establecer reglas claras de operación para el ejercicio de los recursos de los Ramos 33 y 39 que acoten la discrecionalidad y eviten su desvío en perjuicio de los objetivos previstos.

Destacó que se requiere impulsar la cultura de la rendición de cuentas y fiscalización integral en el ámbito municipal que es donde el ciudadano ve reflejados sus impuestos y la eficiencia, economía y eficacia de los gobiernos.

Agregó que la falta de una contabilidad patrimonial de las operaciones que realizan estados y municipios, así como de registros e inventarios del patrimonio público propicia políticas corruptas.

Informó que la ASF estructuró un Manual de Registro Contable para las Administraciones Públicas Municipales, el cual fue enviado a la Cámara de Diputados, los congresos locales y a la Secretaría de Hacienda, ya que es urgente una acción decidida en esta materia.

Señaló que en la lucha contra la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas revisten importancia estratégica, al constituirse como pilares institucionales para asegurar que las prácticas de buen gobierno sean parte de la cultura y una constante en el quehacer de la administración pública.

Mencionó que la ASF ha tenido importantes logros entre 2002 y 2007, al multiplicar 2.4 veces las auditorías practicadas, que pasaron de 312 a 754 revisiones; incrementó 3.6 veces la muestra fiscalizada, al pasar de 1.9 a 6.8 por ciento, en relación al gasto total ejercido.

Al 31 de marzo de 2008 logró recuperaciones por 30 mil 325 millones de pesos y ha certificado, bajo el sistema de Aseguramiento de Calidad ISO 9001-2000, sus procesos de planeación, ejecución de auditorías, administración, elaboración de informes y sanciones económicas resarcitorias.

Dijo que los recursos federales transferidos a estados y municipios a través de los ramos generales 33 y 39 representan cerca de la cuarta parte del gasto federal programable, con un crecimiento de casi 100 por ciento entre 2000 y 2006, al pasar de 188 mil millones de pesos a 367 mil millones de pesos.

La cuantificación monetaria de las observaciones emitidas a estados y municipios, representó 43 por ciento en la revisión de la Cuenta Pública 2006, es decir, 14 mil 312 millones de pesos, de un total de 33 mil 187 millones de pesos.

Reconoció las aportaciones de la reforma constitucional publicada el 7 de mayo de este año, que faculta a la Cámara de Diputados a legislar en materia de contabilidad presupuestal y modifica los plazos de rendición de la Cuenta Pública, entre otras cosas.

Advirtió que la ASF cumple con las facultades que le otorga la ley, por lo que “si se pretende que vaya más allá de sus atribuciones, será necesario modificar el marco jurídico que la rige para permitirle que no sólo promueva sanciones administrativas y penales, sino que también sea la responsable de ejecutarlas”.

Dijo que cumplirá su mandato alejado de consignas partidistas, de fobias y filias políticas que sólo buscan la rentabilidad particular ajena a los intereses superiores de la nación.

La coordinadora de la citada subcomisión, diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández(PAN), señaló que desde los años 80 inició un proceso gradual de descentralización y se han transferido sumas crecientes de recursos que hoy se ejercen desde el ámbito estatal y municipal, con un incremento, sólo de 2005 a la fecha, de 45 por ciento.

Sin embargo, dijo que dicho proceso no se acompañó “de instituciones modernas y eficaces de rendición de cuentas, lo que hace que el dispendio y la corrupción se hayan extendido en esos ámbitos de gobierno”.

Dijo que para 2006 se transfirieron a estados y municipios 761 mil 89 millones de pesos, 33.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, incluyendo participaciones federales. “Al excluirlas, se observa que el gasto programable transferido a estados y municipios ascendió a 431 mil751.7 millones de pesos, 25.8 por ciento del gasto federal programable ejercido”.

En su oportunidad, el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, reconoció el avance que ha habido en los informes de los óranos de fiscalización local e hizo votos porque el año próximo, se incorporen más auditorías al desempeño para conocer el impacto social que tiene la inversión del Estado en determinados programas.

“La nueva generación de la fiscalización y la rendición de cuentas no tiene que ver con la gestión financiera, ni con el cumplimiento de la norma, se trata de evaluar el cumplimiento de los objetivos y programas; evaluar el resultado en la población de la aplicación de recursos que son de toda la nación”, enfatizó

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