Diputados de la Comisión de Desarrollo Social cuestionaron a funcionarios de la Secretaría del ramo el retraso para poner en marcha el Programa de Apoyo Alimentario para Zonas Marginadas, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado dentro del Presupuesto de Egresos de 2008.

Los diputados Alejandro Sánchez Camacho (PRD), Jorge Toledo Luis (PRI) y Pablo Arreola Ortega (PT) manifestaron su inconformidad luego de que a casi seis meses de aprobado dicho programa, a principios de mayo el Presidente Felipe Calderón Hinojosa hizo apenas el anuncio oficial de su puesta en marcha y los recursos se entregarán entre agosto y septiembre.

En respuesta, el jefe de la Unidad de Microrregiones de la Sedesol, Germán Palafox Palafox indicó que no es falta de voluntad del gobierno federal, sino que existen dificultades de tipo operativo e incluso aseguró que la puesta en marcha del programa superará los montos que en su momento representó Oportunidades.

“Efectivamente, iniciamos en mayo, hubiéramos querido hacerlo en enero, pero al ser un programa nuevo requeríamos una planeación y programación interna para arrancar bien y no dar traspiés a la mitad del camino; necesitábamos cruzar información, ya que tomar los datos del INEGI tal cual, nos llevaba a caer en errores; además, era necesario revisar el padrón de Oportunidades para no duplicar los apoyos”.

El diputado Héctor Hugo Olivares Ventura (PRI), presidente de la Comisión de Desarrollo Social, indicó a su vez que no obstante las dificultades, este órgano legislativo debe sentirse satisfecho por cumplir con su responsabilidad para fortalecer los programas de combate a la pobreza, en un momento difícil que afrontan los más pobres y marginados del país.

No obstante, indicó que se debe perfeccionar la comunicación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo para consolidar una política social de Estado, que sume las voces de la sociedad y el concurso de los tres órdenes de gobierno en la concepción, operación y evaluación de los programas.

“Cuando logremos consolidar este propósito estaremos tocando un resorte importante que tiene que ver con la reforma social pendiente, para consolidar a México como un país democrático a plenitud, porque mientras la mitad de su población esté inmersa en la pobreza y marginación, no se puede afirmar que somos una nación enteramente democrática”.

Antes, el funcionario de la Sedesol, acompañado por Ramiro Ornelas y Javier Luna Grajeda, explicó que el Programa de Apoyo a la Alimentación se encuentra en operación en su primera fase -levantamiento de encuestas-, para luego comenzar en los meses de agosto y septiembre, de forma calendarizada, con la entrega de recursos a las 90 mil 492 localidades del país identificadas como de alta marginalidad.

Añadió que se beneficiará a más de un millón 747 mil habitantes en pobreza extrema y que la transferencia de los recursos será de forma bimestral en sedes aún por determinar.

Mencionó también que el monto total por familia deberá ser de 365 pesos mensuales, además de una dotación de cinco sobres con complementos nutricionales para niños de entre seis meses y seis años, así como a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Asimismo, dijo el funcionario, se llevarán a cabo acciones de mejoramiento de vivienda como el dotar de piso firme, agua potable y servicio sanitario a los hogares y sustituir los fogones abiertos para cocinar.

Aclaró que los apoyos se destinarán a personas que no estén inscritos en los programas Oportunidades y Diconsa, lo que se asentará en el formato de aceptación del Programa Alimentario de Zonas Marginadas o de Atención Prioritarios, en la que se estampará la firma del solicitante.

Al respecto, el diputado Alejandro Sánchez Camacho indicó que el esquema aplicado por la Secretaría de Desarrollo Social será avasallado por la crisis alimentaria que enfrenta el país y cuestionó la escasa cobertura del Programa, toda vez que de acuerdo con información del INGI, existen en México 45 millones de pobres, de los cuales, 15 están en el rango de pobreza extrema.

“Con el monto de los apoyos no se les estará dando ni para un kilo de tortilla al día y ya no digamos para el resto de la canasta básica”, refirió.

A su vez, el diputado Pablo Arreola, recordó que cuando la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para dicho programa, fue con el fin de apoyar a los más necesitados del país antes de que afrontaran una crisis alimentaria, por lo que dijo, es inexplicable por qué el Ejecutivo tardó tanto tiempo para ponerlo en marcha.

Incluso, abundó, los legisladores estaremos pendientes para medir el impacto que tendrá la entrega de los recursos, porque puede resultar más caro ir a recogerlos que lo que servirá para amortiguar las necesidades de las familias beneficiadas.

En este sentido, propuso dar un seguimiento puntual al programa y una evaluación periódica para determinar su viabilidad.

El diputado del PRI, Jorge Toledo, coincidió con las propuestas del legislador del PT y añadió que las familias se enfrentarán al problema de abasto de alimentos en las comunidades. Además, agregó, los datos proporcionados por el INGI no son confiables, por lo que se debe hacer el esfuerzo para que el padrón sea lo más confiable posible.

También cuestionó sobre la coordinación que existe entre las autoridades federales y locales para que en la entrega de los recursos no surjan condicionamientos de tipo electoral.

Finalmente, el diputado Silvio Gómez Leyva (PAN) pidió a los funcionarios de la Sedesol que dieran a conocer los costos del programa en cuanto a operación e hizo votos para que éste pudiera cumplir satisfactoriamente su cometido de atender a las comunidades más marginadas del país.

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