La Comisión de Turismo se reunió con empresas concesionarias de 34 aeropuertos a fin de conocer su situación de infraestructura para brindar un mejor servicio a turistas nacionales e internacionales.

En presentación conjunta, Adolfo Castro Rivas, Director de Finanzas y Planeación Estratégica de los Aeropuertos del Sur (ASUR); Rubén López Barrera, Director General del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA); Jorge Sales Martínez, Director General del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), explicaron que el gobierno dividió el país en cuatro regiones, integrando 58 aeropuertos en cinco grupos, de los cuales ASUR tiene nueve, OMA 13 y GAP 12.

Informaron que los grupos fueron integrados por aeropuertosrentables como poco rentables, con el compromiso de llevar a cabo la operación y elevar los estándares de calidad y eficiencia.

El gobierno vendió el 15 por ciento de cada grupo a un socio estratégico, el cual garantiza la operación y el buen funcionamiento de los aeropuertos, aportando capacidad técnica y administrativa: los ingresos gubernamentales; 261 millones de dólares GAP, 171 ASUR, 90.8 OMA; lo que da un total de 522.8 millones de dólares.

El gobierno Federal llevó a cabo la venta del 85 por ciento de cada grupo en el mercado de valores a cualquier inversionista, nacional o extranjero. El gobierno fijó el precio de las acciones y los grupos aeroportuarios no obtuvieron ingreso alguno por esta transacción: del cual los ingresos fueron de 1,001 millones de dólares GAP, 500 ASUR, 646 OMA, que es un total de 2 mil 147 millones de dólares.

Mientras que el gobierno Federal también tiene derecho a recibir el 5 por ciento de los ingresos totales brutos por el uso de bienes concesionados. En 2006 obtuvo 2 mil 816 millones de dólares por la apertura del sistema aeroportuario.

Puntualizaron que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la encargada de regular los ingresos aeronáuticos bajo un sistema de tarifa máxima, establecida cada 5 años para cada aeropuerto, la cantidad máxima de ingresos por unidad de tráfico que puede generar anualmente cada aeropuerto por la prestación de servicios.

Para el cálculo de la tarifa máxima se consideran las proyecciones de inversión y tráfico de cada aeropuerto. Si disminuye el tráfico aéreo, los ingresos del aeropuerto deben bajar, por lo que no hay garantía de retorno para los concesionarios.

Al respecto el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presidente de la Comisión, subrayó que existe una queja recurrente de no contar con la atención correcta y no haber cubierto los avances y mejoras a los aeropuertos que se convino con el gobierno federal, por lo que se tendrán que revisar los recursos que manejan.

“Acordamos crear una agenda común entre los aeropuertos privados y a convocar a los públicos para hacer un equipo con la Cámara de Diputados y ver qué normas hay que modificar”, dijo.

Aseguró que es necesario involucrarse en el tema porque preocupa el estado en que se encuentra, la poca inversión, la mala atención que se ofrece al turista, “y espero que al resultado de esas agendas se puedan tener mejoras”.

Agregó que el fin es mejorar la actividad turística en el país, brindar un buen servicio y ubicarnos en la media internacional en el número de pasajeros, pues se está por debajo de ese nivel.

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