El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, presentará una iniciativa para crear la Ley de la Memoria Histórica, cuyo objetivo es reivindicar y reconocer los derechos socialesy la protección de las personas que padecieron persecución, violencia o fueron objeto de desapariciones forzadas.

El diputado Rafael Plácido Ramos Becerril, presidente de la Comisión de Seguridad Social, indicó que a 40 años del movimiento estudiantil de 1968,el mensaje de 2 de octubre no se olvida no ha sido valorado verdaderamente, pues actualmente se le recuerda como una revuelta sangrienta.

Destacó la pertinencia de una ley de esta naturaleza, ya que su aportación “es la otra cara de la moneda, el por qué, los motivos y lo que había detrás del movimiento”.

El documento fue elaborado por ciudadanos integrantes del movimiento del 68, como parte de los trabajos de conmemoración del 40 aniversario, para dotar a la sociedad de instrumentos legales que limiten el papel y la política de Estado contra la disidencia y la oposición.

Ramos Becerril hizo suya esta “propuesta que es muy importante por su contenido anecdótico y la reivindicación de derechos de los jóvenes de hace 40 años, que ejercían un derecho político de manifestación y de petición”.

Dijo que esta propuesta plantea la defensa de sus derechos, protección social y reparación de los daños.

Llamó a no caer en el ojo por ojo, ni en un odio irracional, sino buscar que haya reglas claras de convivencia y respeto, así como el compromiso de cumplirlas y hacerlas cumplir. “Si se logra esta ley, muchas personas que cometieron delitos habrán de pagarlos y quienes lucharon por el porvenir como República tendrán el reconocimiento de las presentes y futuras generaciones”.

A su vez, Neftalí Garzón Contreras (PRD) afirmó que el Estado tiene la responsabilidad de velar porque la actividad política no sea objeto de persecución ni obstáculo para el desempeño de las funciones inherentes a los ciudadanos.

Agregó que en México subsiste la represión: “Hay limitantes muy fuertes para la expresión, lo vemos con los movimientos en Atenco, Oaxaca, Puebla, y muchos otros lugares; con esta ley se busca abatir esas limitantes pues, aunque en la Constitución se establece con mucha precisión, no hay una ley secundaria”.

Esta ley es un acto de justicia en un momento difícil en que pareciera que se repiten sucesos violatorios de los derechos humanos, subrayó.

Se pronunció por continuar el proceso de reconocimiento de estos derechos para que opere la justicia y se reintegre la dignidad a quienes sufrieron agresiones, persecución, hostigamiento y daño físico por motivos políticos e ideológicos.

En su oportunidad, Pablo Trejo Pérez (PRD) señaló que “en la actualidad existe un problema con muchos presos políticos en los gobiernos estatales y estamos trabajando para tratar de resolver este asunto”.

“En México, enfatizó, no hemos sido capaces de comprender la historia; el movimiento del 68 se convirtió en detonante de la democracia en este país y, si bien es cierto que falta mucho, también lo es que de ese año a la fecha se ha avanzado lo que en siglos no se hizo y ese reconocimiento debe plasmarse con esta ley”.

Se pronunció porque a los luchadores sociales y sus familiares se les reinserte en la actividad nacional.

Los legisladores se comprometieron a buscar los mecanismos que permitan sumar a más diputados a esta iniciativa, “porque no es tarea exclusiva de un solo partido, pues en otros hay luchadores sociales vinculados con el movimiento del 68”.

Además, lograr acuerdos para que esta ley sea arropada por todos los partidos ypresentarla a la brevedad posible, “como una aportación en la lucha por el reconocimiento plural, el derecho de hacer política sin arriesgar la vida ni la libertad”.

En la iniciativa se plantea la posibilidad de tramitar una solicitud para obtener una declaración de contenido rehabilitador y de reparación, que se inicia concediendo derecho a los agraviados y se podrá promover personalmente o por familiares; el término para presentarla sería imprescriptible.

Establece los efectos para el goce de asistencia a cargo de las instituciones de salud y de asistencia social, con derechos de asistencia médica, prestaciones económicas e indemnización.

En los casos de orfandad, contempla otorgar becas que permitan a los beneficiarios concluir una carrera universitaria. Se abre la posibilidad de que los familiares de los desaparecidos puedan acceder a una pensión.

Respecto de los ciudadanos cuyo paradero se ignora, se establecen medidas para que las instituciones públicas faciliten la localización y, en su caso, identificación de los desaparecidos.

Esta iniciativa contribuye al reencuentro de la política y el destierro de la intolerancia el autoritarismo, simulación, impunidad y elexceso en los actos de Estado, se enfatiza en el documento.

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