Al clausurar el foro Daño Ecológico y Social Generado en Salamanca y Tula, el diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (PRD), aseguró que es imperativo un cambio radical en la política energética, a fin de plantear una reforma integral que considere la utilización de fuentes renovables, tomando en cuenta que en México existen las condiciones para su total aprovechamiento.

El legislador afirmó que la Reforma Energética debe contar con capacidad pública y voluntad política para concretarla. “En suma, en este proyecto tenemos que trabajar juntos el Poder Legislativo y el Ejecutivo, los partidos políticos, la sociedad, los académicos y los profesionales petroleros”.

El integrante de la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por PEMEX, señaló que es preponderante que la paraestatal reconvierta su tecnológica, a fin de que la producción de combustibles y electricidad impacte en menor medida en el ambiente.

Se comprometió a que los integrantes de la comisión analicen las propuestas e iniciativas planteadas dentro del foro, “para que en adelante las actividades de la industria petrolera se desarrollen en un marco sustentable”.

Dagdug Lützow destacó que durante las conferencias todos los participantes se pronunciaron por reclamar el compromiso para la reconversión de los procesos productivos de las refinerías de Salamanca y Tula.

Denunció que el estudio titulado Salamanca, diagnóstico y alternativas de solución,
del gobierno federal, reconocen que Salamanca, Guanajuato, es “una ciudad veneno, pues sus habitantes respiran más partículas suspendidas y óxido de azufre que los del Valle de México o Guadalajara, además de compuestos cancerígenos”.

En el documento se indica que la contaminación provoca muertes prematuras, bronquitis crónica, crisis agudas de asma, días de actividad restringidos, visitas a salas de urgencia y hospitalización por causas cardiovasculares y respiratorias.

“El 72 por ciento de los infantes de 0 a 14 años tienen problemas de infecciones respiratorias por este factor y los adultos mayores de 65 años igualmente padecen daños por esta causa”, leyó el legislador.

Informes señalan, dijo, que la refinería Antonio M. Amor es responsable del 55 por ciento de las emisiones de dióxido de azufre; la central termoeléctrica de la CFE, del 45 por ciento.

“En tanto, El Registro de Emisiones y Transferencias, de la SEMARNAT, resalta que Tula es la zona de Hidalgo más afectada por contaminantes tanto de empresas cementeras como plantas de Petróleos Mexicanos y de la CFE”, continuó.

Dagdug Lützow expresó que datos del Consejo Consultivo Ciudadano de dicha entidad precisan que la planta termoeléctrica Francisco Pérez Ríos emite anualmente seis millones 129 mil toneladas de bióxido de carbono, mientras que la refinería Miguel Hidalgo despide 3 mil 312 toneladas de bióxido de carbono y 7.2 toneladas de níquel y 134 kilogramos de plomo.

La recarga contaminante total asciende a 404 mil toneladas, representando el 85.6 por ciento de esta contaminación, casi por partes iguales a PEMEX, con 170 mil toneladas y a la CFE con 150 mil toneladas.

Durante su participación en el foro, con el tema Monitoreo de la Calidad del Aire en Salamanca, el diputado Antonio Vega Corona (PAN) llamó a no anteponer los intereses económicos a la salud de los mexicanos.

Dijo que es necesario generar un modelo de medición para establecer el índice de la calidad del aire, para que las personas entiendan si es mala, regular, buena o excelente y no se hable de pre contingencias.

Propuso que los programas para el mejoramiento de la calidad del aire se acompañen de normas que permitan sancionar a quienes incumplen las disposiciones ambientales.

Reconoció que la solución de la contaminación en Salamanca y Tula no es fácil, pues se requieren grandes inversiones para la reconversión.

En su participación, el subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), Gustavo González González resaltó que tanto Tula, Hidalgo, como Salamanca, Guanajuato, están clasificadas como dos de las regiones de más alta contaminación.

Esto debido al incremento poblacional acelerado, la mala planeación del desarrollo urbano, parque vehicular desmedido, llegada de más industrias a la zona y la existencia de una refinería y una central termoeléctrica.

En el caso específico de Tula, el funcionario indicó que se tienen registradas alrededor de siete millones 167 mil toneladas métricas de emisiones de gases contaminantes peligrosos, principalmente de dióxido de carbono.

“En ese municipio, la Profepa tiene localizadas 70 fuentes de contaminación, de las cuales 56 son de jurisdicción federal, de acuerdo a la legislación ambiental; divididas en 41 generadoras de residuos peligrosos y 18 empresas con actividades altamente riesgosas”, externó.

Al explicar las acciones preventivas realizadas por la Profepa,Gustavo González González, señaló quede enero de 2001 a marzo de 2008 hubo 560 inspecciones a establecimientos localizados en Salamanca y el corredor industrial de Tula.

“Como resultado de esas visitas se ordenó la clausura de 7 establecimientos; asimismo, se emitieron 362 resoluciones administrativas, en las que se han ordenado diversas medidas técnicas correctivas, además de multas, por un monto total de 9 millones 248 mil pesos”, precisó.

A su vez, Horacio Galván Espinosa, Subgerente de Generación Termoeléctrica Central de la CFE, declaró que la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, ubicada a ocho kilómetros de Tula, fue recientemente rehabilitada y modernizada en sus unidades 3, 4 y 5, con lo que se está logrando dosificar los aditivos en la combustión para evitar la contaminación.

“A las unidades 3 y 4 se les optimizó su eficiencia térmica, con el objetivo de consumir menos combustible durante el proceso de generación de energía eléctrica, con lo que se mejoró de 33.31 a 34.67 por ciento”, comentó.

Este tipo de rehabilitación, continuó, ha permitidoahorrar 19 mil 710 toneladas de combustóleo al año y reducir hasta en un 40 por ciento las emisiones que van a la atmósfera.

Galván Espinosa agregó que todos los trabajos de mejoramiento están coordinados con las instrucciones presidenciales que les mandan, “las cuales tienen el propósito de mantener el impacto ecológico de nuestras instalaciones de generación al mínimo posible”.

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