Diputados del grupo parlamentario del PRI presentaron dos iniciativas en materia de seguridad: una que busca frenar la infiltración del narcotráfico en la política, depurar los cuerpos policiacos, establecer sanciones más severas a los servidores públicos corruptos, y la otra para que se aplique de tres a seis años de prisión a los familiares que encubran un delito.

En su participación, la diputada Guillermina López Balbuena, dijo que México ocupa el primer lugar en el número de secuestros a nivel mundial, y que sólo durante el 2008 se han registrado 10 mil intentos vía mensajes de texto por teléfono celular y 7 mil llamadas a teléfonos móviles, en intentos de secuestro y extorsión

Resaltó que también se busca castigar a los policías que participen en actos delictivos, a los que vendan, comercialicen, compren y distribuyan uniformes.

Se pronunció por crear una política de Estado de procuración de justicia y prevención del delito que conlleve la instrumentación de un sistema de evaluación de los sistemas de seguridad y justicia, mejorar la capacitación y las condiciones de trabajo de las policías en todo el país, y la participación ciudadana en tareas de control.

Precisó que el problema se ha incrementado a tal grado que las balaceras se efectúan a plena luz del día en las principales calles de las ciudades, de los barrios y los sitios de diversión, “convirtiéndose en una lacra que ha permeado al sector urbano a través de una violencia permanente”.

Indicó que en los últimos meses se ha observado cómo se han incrementado las ejecuciones brutales y arteras en contra de artistas, jefes policiacos y personajes de la política federal o estatal.

“Esto nos indica que el narcotráfico continúa aumentando en todo el territorio nacional, convirtiéndose en el promotor de toda la delincuencia, a través de cientos de miles de jóvenes adictos que están dispuestos a convertirse en asaltantes, ladrones, extorsionadores y matones”.

López Balbuena añadió que la supremacía de los traficantes y los policías corruptos es todavía mayor, asfixiante y progresiva, sobre todo porque existen autoridades de los diferentes niveles de gobierno que se coluden o encubren a los delincuentes permitiéndoles que se adueñen de las calles y de la vida cotidiana.

La iniciativa reforma las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional, y Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como del Código Penal Federal.

Sanciones a familiares encubridores

En tanto, los diputados Emilio Gamboa Patrón y Juan Francisco Rivera Bedoya propusieron reformas al artículo 400 del Código Penal Federal, para que se aplique de tres a seis años de prisión a los familiares que encubran un delito.

Los diputados señalaron que no es sano para la sociedad que prevalezca la excepción para encubrir alguna conducta delictiva, referida a los familiares de quien la comete.

Mencionan que permitir que se proteja a dichos familiares ocultando o siendo omisos en el acto de hacer del conocimiento de la autoridad de la comisión de una conducta delictiva afecta seriamente la formación del propio individuo y eventualmente lo incita a continuar delinquiendo.

Rivera Bedoya dijo que el país atraviesa por problemas de inseguridad que afectan la estabilidad nacional y la viabilidad misma del Estado, donde las autoridades están siendo claramente rebasadas por la delincuencia en sus diversas manifestaciones.

Agregó que ha quedado demostrado recientemente en las actividades delictivas de secuestro, cómo éstas se han convertido en empresas familiares del crimen, en las que el ejemplo de una madre delincuente ha servido para que el hijo conforme su propia banda delictiva dedicada a la misma actividad, el secuestro.

Puntualizó que por ello se debe derogar dicha excepción en el sentido de que los familiares puedan ocultar o ser omisos en el cumplimiento de sus obligaciones sociales de evitar por cualquier medio el que se lleven a cabo las conductas antisociales, o bien, de que no sean sancionadas por la sociedad.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública añadió que datos proporcionados por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados señalan que 71.1 por ciento de la población se siente insegura en la entidad donde vive; 57 por ciento tiene la misma sensación respecto de su municipio; 75 por ciento se siente insegura en la ciudad en que habita.

Refirió que datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que la inseguridad le cuesta a México 15 por ciento del Producto Interno Bruto, equivalente a 120 mil millones de dólares anuales, cifra que supera la producción anual del sector agropecuario, industria minera, de la construcción, generación de electricidad, gas y agua.

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