• También se analizará regulación de publicidad y situación laboral de comunicadores: Priego Tapia
Concluyó el Taller sobre la federalización de los delitos contra periodistas donde legisladores, académicos e integrantes de organizaciones sociales analizaron la pertinencia de otorgarles a los jueces federales la competencia para conocer de estos delitos.

En el evento, organizado por la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, que preside el diputado Gerardo Priego Tapia (PAN), se coincidió en que la federalización permitirá abatir la burocracia en las investigaciones, unificar criterios en la persecución de estos delitos y proteger el derecho a la libertad de expresión.

Priego Tapia resaltó que los resultados del taller desembocarán en una iniciativa de Ley que sea apoyada no sólo por las agrupaciones que forman el Consejo Consultivo de la Comisión, sino por todos los Grupos Parlamentarios.

Agregó que éste es sólo otro paso para hacer realidad los derechos a la libertad de expresión e información y que después de presentar la iniciativa, el órgano legislativo que preside trabajará en la regulación de la publicidad del Estado, la situación laboral de los periodistas y sobre las facultades de la Fiscalía Especializada y de las procuradurías locales.

En las mesas de trabajo, que se llevaron a cabo los días 9, 10 y 11 de septiembre, se destacó la necesidad y pertinencia de definir la vocación periodística. En este sentido el grupo relator del taller consideró que no se debe dejar al arbitrio de ninguna autoridad administrativa qué entender o no por periodista.

Advirtió que su implicación negativa es que cualquier definición, por muy acertada que sea, podría excluir a aquellos que no entraran dentro de la acepción.

El grupo relator precisó que la actividad periodística es el ejercicio profesional o no del derecho a difundir, recabar, investigar, sistematizar y publicar ideas u opiniones, de manera permanente o esporádica con o sin remuneración.

Todo lo anterior, a través de cualquier medio de información de hechos que sean considerados de interés público, sea o no su actividad principal, independientemente de haber o no relación contractual, así como cualquier forma de colaboración en el proceso de producción de información.

Asimismo mencionó que “entendemos por periodista a toda persona que a través de cualquier medio ejerza su derecho a difundir y publicar ideas y opiniones de hechos considerados de interés público, ya sea de manera permanente o eventual, con o sin remuneración, derivado o no de una relación contractual independientemente de su escolaridad”.

Advirtió que esta definición puede ser excluyente de aquellos que realizando una actividad periodística no se ajusten a la definición.

Además se consideró que tratar de definir el derecho a la libertad de expresión sería contraproducente porque limitaría su ejercicio y que esta garantía ya se encuentra contemplado en los artículos 6º y 7º y en instrumentos internacionales ratificados por México.

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