·Compareció Abelardo Escobar Prieto ante la Comisión de la Reforma Agraria

Diputados de la Comisión de la Reforma Agraria y el secretario del ramo, Abelardo Escobar Prieto, coincidieron en que no se deben reducir los recursos de la dependencia para el 2009 y que es necesario simplificar las reglas de operación.

El presidente de la Comisión, diputado Ramón Ceja Romero (PAN) planteó dar mayor certeza jurídica al campo ejidal y comunal del país, a través de reformas a la Ley Agraria, mismas que serán prioridad en este último año de ejercicio.

En reunión con el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el legislador señaló que trabajarán en conjunto con la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de enviar las recomendaciones pertinentes para lograr un mayor presupuesto.

Sobre la propuesta elaborada por el Ejecutivo de crear garantías líquidas para facilitar la entrega de mayor inversión al campo ejidal y comunal, Ceja Romero expresó que la comisión a su cargo revisará la viabilidad de este mecanismo.

Acerca de la disminución de recursos al Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), puntualizó que tratarán de revertir esa situación y lograr un incremento. “Para 2009, el Ejecutivo sólo quiere darle 270 millones de pesos, menos del 50 por ciento aprobado para este año, que fue de 611 mdp”.

En tanto, al presentar el Informe de Ejercicio Presupuestal 2008 del Sector Agrario, el titular de la SRA reconoció que los recursos para los programas han descendido desde el año 2000, pero siempre han encontrado voluntad de los diputados para incrementarlos.

Enfatizó que los lineamientos y reglas de operación han provocado que se ate de manos a la dependencia para resolver las necesidades de los campesinos. “Estamos viendo que podemos eliminar sin someterlos a procesos tortuosos, se debe simplificar y hacer más ágil la solución de los conflictos”

Durante los cuestionamientos, la diputada de Acción Nacional, Leticia Díaz de León Torres, dijo que ve con preocupación que la Secretaría no tenga personal para atender con cabalidad, eficiencia y rapidez a los campesinos.

Expuso que los trámites a los que se enfrentan los perjudican, por lo que propuso que el Legislativo y la dependencia federal trabajen coordinadamente a efecto de reestructurar el presupuesto y las reglas.

José Ignacio Rubio Chávez (PAN) manifestó el compromiso de los legisladores para defender la reforma agraria. “Que se le dé fortaleza y atribuciones, porque la gente así lo requiere”.

El diputado Víctor Aguirre Alcaide (PRD) precisó que la SRA es una dependencia castigada por el gobierno federal y que el legislativo ha hecho lo pertinente por incrementar los recursos, por lo que se comprometió a que en 2009 no será la excepción.

Indicó que el próximo presupuesto es importante y preocupante, porque viene un año electoral. “Quisiéramos que el ejercicio fuera en una vertiente; conducir los proyectos productivos sin ningún tinte político”.

En su oportunidad, los legisladores Carlos Martínez Martínez y Pedro Landero López, también del PRD, se pronunciaron por la no privatización del sector y el apoyo para defender la autonomía de loscampesinos, “quienes en ocasiones son despojados de sus tierras por concesionarias extranjeras”.

Alfredo Ríos Camarena, del PRI, señaló que el diagnóstico del campo no requiere de estadísticas ni de análisis, pues es desastroso, “nunca en la historia del país se había vivido como en los últimos años marginalidad, pobreza y desigualdad”.

Puntualizó que los campesinos están condenados al hambre, de ahí que se trabaje en un proyecto de ley que busca un nuevo enfoque a la Reforma Agraria, con carácter productivo y participación del Estado.

Resaltó que el mundo descuidó las actividades primarias, por lo que se cree que se debe transformar a la dependencia dándole fuerza. “No es posible que el campo mexicano tenga recursos ridículos y su manejo sea igual”.

El diputado Víctor Ortiz del Carpio (PRI) expresó que Chiapas, Oaxaca, Guerrero están inmersos en el problema de la irregularidad en la tenencia de la tierra, lo que detiene el óptimo desarrollo de los trabajos en el campo. Denunció que solamente en Chiapas existen dos mil comunidades sin regularización, a pesar de las peticiones elaboradas por los diputados a la SRA.

De Convergencia, Félix Castellanos Hernández puntualizó queel presupuesto sigue siendo insuficiente, sobre todo cuando la SRA es la única instancia que tiene contacto directo con los sectores más marginados del país, de ahí la importancia de que sus reglas de operación sean más ágiles. “Representan un vía crucis para los campesinos”.

Precisó que en Guerrero se habían generado más de 70 conflictos agrarios, de los cuales se solucionaron dos o tres, por lo que cuestionó si ese asunto va a ser una caricatura o se resuelve en prontitud, dado que se generará un severo problema para el campo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (PT) dijo que para el Ejecutivo, la SRA es una dependencia marginal, ya que cada año se presenta una propuesta presupuestal más baja a la anterior. “Desde el Legislativo se apuesta a que la dependencia sea punto importante del desarrollo económico y social agrario”.

Ante la reducción de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009, para la dependencia, preguntó, cuáles serían los proyectos más afectados, así como la viabilidad de que la SRA se coordine con otras dependencias a efecto de fortalecer los programas.

En respuesta, Escobar Prieto dijo que no se debe reducir el presupuesto, porque se lastimaría la operatividad de los programas y el ejercicio de las responsabilidades que la dependencia tiene, aunque precisó que la falta de recursos no impide que se resuelvan los conflictos.

Mencionó que hay coordinación entre la SRA y las demás instancias federales y prueba de ello es que se han firmado convenios con la Secretaría deAgricultura.

Intervención inicial

El titular de la SRA reconoció que hay recursos agotados en rubros como la regularización de ejidos. Añadió que se han certificado 896 mil hectáreas; 93 millones 380 mil han sido regularizadas; expedido 147 mil 927 documentos de títulos de origen parcelario y beneficiado a 87 mil 444 campesinos.

Resaltó que sería bueno que en la propuesta presupuestal 2009 se asignen mayores recursos para la regularización de los ejidos, pues se daría certidumbre a quienes todavía no la tienen, permitiría tener documentación a los poseedores de las tierras y acceder a otros programas del Gobierno Federal.

Puntualizó que conforme a lo asignado en 2008, se dará financiamiento a cuatro mil 500 grupos en el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) y entre mil 200 y mil 300 Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA).

Destacó que el Programa Joven Emprendedor Rural ha sido un instrumento valioso para generar oportunidades que permite arraigarlos en sus comunidades, combatir la pobreza y no emigrar al extranjero.

Mencionó que ante la discusión de una nueva Ley Agraria, sería conveniente que se incluyera un método para la celebración de los contratos entre particulares y sujetos agrarios, definir el otorgamiento de facultades a la Asamblea para defender a los núcleos, y un método específico para la conciliación y arbitraje.

El Procurador Agrario, Rocendo González Patiño, indicó que a la fecha se han ejercido 452.1 millones de pesos, de los 735.9 millones otorgados a esa dependencia, por lo que estimó viable la aplicación de los 283.8 millones pendientes durante el resto del año.

Maribel Méndez de Lara, directora general del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) expuso que hasta el 30 de agosto, dentro del programa de abatimiento de adeudos a núcleos agrarios, se registra un rezago a 308 decretos, que están pendientes de pago a ejidos y comunidades, cuyo valor asciende a 265 millones de pesos.

“El 41 por ciento por parte del gobierno federal, donde están las principales instituciones de expropiación como Pemex, CFE, Conagua, SCT; los gobiernos estatales adeudan el 28 por ciento, los municipales el 25 y otras instituciones que promovieron expropiación a través de organismos gubernamentales, el 6 por ciento”.

Por su parte, el director del Registro Agrario Nacional, Armando Rangel Hernández, comentó que no sólo se trata de definir el monto presupuestal para ayudar al sector, sino también de un profundo estudio para analizar cuáles son las actividades prioritarias y sus metas, a fin de asegurar el éxito de los trabajos.

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