El diputado Faustino Javier Estrada González (PVEM) propuso reformar el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional para incluir el comercio ilícito de armas pequeñas como una amenaza, debidoal incremento de los índices de violencia en los últimos años a lo largo y ancho del país.

Al presentar su propuesta en la sesión del Pleno camaral, indicó que en el mundo muere una persona cada dos minutos por causa de armas como revólveres, pistolas, rifles, carabinas, ametralladoras de pequeño calibre, rifles de asalto y ametralladoras ligeras, las cuales cobran más vidas que las nucleares y químicas.

Explicó que existen 600 millones de armas cortas o pequeñas en el mundo, lo que implica que hay una por cada 12 personas, cuyo comercio en el mercado negro se estima entre 2 mil y 10 mil millones de dólares.

Aunque son controladas por cuerpos policiacos y autoridades, añadió, el problema deviene cuando son utilizadas por la delincuencia organizada, terroristas o fuerzas paramilitares. “Las armas pequeñas y ligeras son un problema pues amenazan la estabilidad de las naciones, coartan el desarrollo pleno de los países, nublan los procesos democráticos y violentan los derechos humanos”.

Este tipo de armas, continuó, fueron las más utilizadas en 46 de los 49 conflictos importantes que estallaron desde 1990 y han ocasionado la muerte de 4 millones de personas, alrededor de 90 por ciento de ellas civiles y, de esta cifra, el 80 por ciento son mujeres y niños.

Indicó que uno de los objetivos de México debe ser la erradicación de quienes comercian ilegalmente, de los funcionarios corruptos, de la delincuencia organizada, de los terroristas. Se envió a la Comisión de Gobernación.

Enseguida, el diputado José Inés Palafox Núñez (PAN) presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a efecto de que los ministros religiosos que decidan contender en una elección popular u ocupar un cargo en el gobierno, participen en los comicios siempre y cuando se separen de su ministerio por lo menos dos años antes de la elección de que se trate.

Actualmente, la ley señala que ese plazo será de cinco años antes del día de la elección, “lo cual es excesivo si se considera que en otros casos no excede de 90 días antes de la elección”. La propuesta fue remitida a la Comisión de Gobernación.

A su vez, el diputado Octavio Adolfo Klimek Alcaraz (PRD) presentó una iniciativa, suscrita por los diputados Juan Hugo De la Rosa García (PRD) y Diego Cobo Terrazas (PVEM), para reformar diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de facultar a los estados a conocer lo relativo a la gestión integral de residuos de manejo especial, residuos que no son considerados peligrosos o residuos sólidos urbanos. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Propuso adicionar diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para integrar el Consejo Consultivo Nacional de Autoridades Ambientales, en donde se presenten las propuestas de cada entidad federativa sobre programas, proyectos y acciones de desarrollo institucional, gestión e infraestructura ambiental así como constituir un Fondo para la Gestión e Infraestructura Ambiental en las Entidades Federativas. Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Planteó reformas a la Constitución en su artículo 73, fracción XXIX-G, para establecer la creación de Tribunales Ambientales dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que conocerán en competencia concurrente de las controversias que se susciten en materia ambiental. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Asimismo, Klimek Alcaraz presentó otra iniciativa de reformas a la Ley General de Vida Silvestre, signada también por el diputado Carlos Roberto Martínez Martínez (PRD), en materia de aprovechamiento de subsistencia, para incluir en su artículo 92 que quienes realicen aprovechamientos de subsistencia recibirán apoyo, asesoría técnica y capacitación por parte de la Semarnat y con ello dar un enfoque federalista a la actividad. Para su estudio y dictamen se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Finalmente, presentó la iniciativa de Ley General de Evaluación Ambiental de los Efectos de Planes y Programas de la Administración Pública, cuyo objeto es elevar el nivel de protección del equilibrio ecológico y el medio ambiente para promover el desarrollo integral y sustentable del país.

Esta iniciativa, signada por el proponente y los diputados Roberto Mendoza Flores (PRD) y Diego Cobo Terrazas (PVEM), pretende contribuir a la integración de las consideraciones ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, mediante la realización de una evaluación de los que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.

Se envió a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Posteriormente, el diputado Mauricio Ortiz Proal (PRI), presentó una iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por el diputado José Jesús Reyna García (PRI), para actualizar y agilizar el procedimiento legislativo.

Señala que las comisiones tendrán las facultades de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Para el estudio y dictamen de los asuntos se establecerá un sistema de turno en el que deberán participar todos los integrantes de la comisión, quienes estarán obligados a emitir dictamen entre el primer y tercer mes, contados a partir de la fecha en que recibieron el expediente correspondiente.

El legislador que no emita un dictamen en tiempo y forma será sancionado con el descuento de un mes de dieta, procediendo entonces, la Presidencia de la comisión de que se trate, a la emisión del dictamen correspondiente, dentro del mes siguiente.

Plantea que los legisladores tendrán el derecho de presentar y confrontar dictamen en sentido diverso al del ponente a manera de voto particular y, en su caso, las opciones se sujetarán a votación.

Transcurrido el plazo general de cuatro meses sin que el presidente de la comisión emitiera dictamen, entonces se le sancionará a él o ella con el descuento de un mes de dieta, y operará la caducidad de la instancia, con la salvedad de que no se podrá presentar el mismo asunto durante el resto de la legislatura.

Se envió a la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

A la misma comisión se turnó la iniciativa de decreto del diputado Odilón Romero Gutiérrez (PRD) para presentar iniciativa para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda "Plan de Ayutla".

Posteriormente se levantó la sesión y se citó para la próxima, que tendrá lugar el jueves 2 de octubre a las 11:00 horas.

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